El 2017 se ha convertido en otro año de desilusión para millones de panameños, quienes esperaban ver en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela las señales de construcción de un modelo equitativo y humano. En vez de ello, la población ha sido testigo del estallido de sucesivo escándalos de corrupción que erosionan la institucionalidad y perjudican la imagen internacional del país.
En las postrimerías del año y en las puertas del 2018, muchos ciudadanos se percatan del abandono del sector agropecuario y el desplazamiento a las ciudades de una mano de obra rural desarraigada, que luego termina convertida en materia prima de los reclutadores de banda y pandillas. Son las consecuencias de un diseño económico importador dirigido por el capital financiero.
2017 será recordado como un año de fracasos en la política exterior panameña y la subordinación oficial a los intereses geopolíticos de Washington, así como de la ausencia de políticas migratorias. Las esperanzas malogradas provienen, además, del control ejercido por las cúpulas económicas sobre los órganos del Estado y la impunidad en diversos casos judiciales de alto perfil, sobre coimas y peculados.
El período que finaliza dejará una estela de insatisfacciones en materia educativa y sanitaria, y una pobre gestión del Estado para enfrentar la inseguridad en un país donde se han disparado los índices de violencia y femicidio. La inversión pública en materia de tránsito, transporte y reparación de vías ha sido objeto de fundadas críticas, debido a su pobre desempeño y proyección presupuestaria.
Las principales promesas de campaña electoral tampoco fueron cumplidas y los medios fueron testigos de los planes de grupos económicos poderosos para continuar practicando el expolio de los bienes y recursos del Estado. Una política clientelista sustituyó al método de la consulta en los partidos políticos, en los que se generó una fuerte interferencia y supeditación a los poderes fácticos.
El modelo económico excluyente y predominante ha acentuado las distorsiones en el ámbito social y deja cada vez más en evidencia el compromiso de la clase gobernante con la desnacionalización, para favorecer a las multinacionales. En ese sentido, los residentes en las áreas del Canal de Panamá han advertido los planes de usurpación de tierras, lo que representa un nuevo desafío contra el saqueo.
2017 resume un tiempo de claros desengaños, pero también de la reafirmación de la voluntad patriótica para quienes no se resignan a ver a Panamá desangrada por intereses foráneos. Es necesario reconocer que la indignación popular que emerge ante el fraude, la impunidad y el vacío de liderazgo, es la semilla de una cultura de reivindicación del patrimonio nacional y combate a la corrupción.
