Argentina | Agosto 4, 2016 | Hebe de Bonafini, presidenta de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo, decidió este jueves no presentarse por segunda vez a una audiencia indagatoria por un caso de presunto desvío de fondos públicos, falta por la que puede ser llevada por la fuerza, según la ley.

Bonafini, de 87 años de edad, envió a través de su abogado una carta al juez Marcelo Martínez de Giorgi para explicarle las razones de su ausencia, básicamente cuestionando al magistrado y al conjunto del sistema de justicia argentino.

Según informa el diario La Nación, el juez de la causa ordenó el allanamiento de la sede de Madres que se encuentra custodiada por un cordón humano que formaron militantes.

La organización realiza hoy su histórica marcha de los jueves en Plaza de Mayo. Salieron de su sede encabezadas por Bonafini en medio de un fuerte operativo policial.

«Nos podrán poner presas, pero lo que no podrán poner preso es el pensamiento», dijo Bonafini ante cientos de seguidores y varios exministros del gabinete de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), que se acercaron a acompañar a este ‘símbolo’ argentino, que divide a la sociedad entre amores y odios hacia su figura.

La mujer, que perdió a sus dos hijos, Raúl y Jorge -además de su nuera, los tres desaparecidos-, a manos de los represores de la dictadura argentina (1976-1983) recalcó que «siempre» sufrió «la misma ignominia, la misma indiferencia» por parte de la Justicia y que por eso no irá a ningún tribunal.

El juez Martínez de Giorgi investiga presuntas irregularidades en el mecanismo de construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, que contó con financiamiento del Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015).

El programa, un gigantesco emprendimiento que construía miles de viviendas, escuelas y hospitales en barrios carenciados, quedó trunco en 2011 al estallar un escándalo por denuncias de corrupción de un plan que manejó en su momento unos 170 millones de dólares (hoy, tras la devaluación, unos 53 millones USD).

Ni Bonafini ni las Madres habían sido imputadas al ser consideradas «víctimas de la defraudación» por el anterior juez de la causa.