Por David Carrasco
Nuevas modalidades del crimen, vinculadas a la estafa y la extorsión, han sido trasladas a Panamá, reconocieron investigadores sociales del Ministerio de Seguridad Pública que estudian el fenómeno de las pandillas y el crimen organizado, y el impacto que tienen en la sociedad.
En un conversatorio sobre geopolítica, seguridad regional y nuevas dinámicas delictivas en Panamá, auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, la directora del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Aracelly de Casanova, destacó que ha sido detectada en este país la modalidad del delito conocido como “Gota a gota”, que investigan las autoridades.
“Gota a gota” es una modalidad impuesta por mafias colombianas y ha sido identificada en 97 ciudades de Colombia. Consiste en prestar dinero que se debe devolver en 20 días, pagando cuotas diarias. Si no cumplen, los amenazan, golpean y en algunos casos matan a los beneficiarios del préstamo.
Una forma de extorsión se configura cuando el solicitante no puede pagar la deuda, y los “prestamistas” le ofrecen la opción de convertirse en transportadores de drogas para tratar de saldar la deuda pendiente. Si el nuevo compromiso es incumplido, la amenaza se dirige contra familiares de la persona atrapada en la red del crimen, quienes pueden convertirse en elementos subordinados.
Aracelly de Casanova indicó que hay casos de ese tipo registrados en la central provincia panameña de Coclé, que han encendido la alarma, e instó a los afectados a no tener miedo y denunciar a los criminales ante las instancias policiales debidamente instruidas,
Subrayó que el “Gota a gota”, también conocido como “préstamos express” o el “prestadiario”, atrae a muchas personas que no son sujeto de crédito bancario. Los solicitantes reciben préstamos sin trámites, pero se convierten en víctimas de la usura, el robo, “lavado de dinero” y agresiones físicas y hostigamiento psicológico.
Al respecto, el director de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, Anastacio Rodríguez, planteó que diversas modalidades de delitos prosperan en comunidades donde han fracasado programas como “barrio seguro”, “mano dura” y “mano amiga”, y donde no operan instituciones crediticias para el desarrollo humano.
Subrayó que “en América Central el crimen organizado crece y el Estado no se fortalece”. Añadió que la criminalidad aumenta sus ingresos económicos y penetra las instituciones y, con ello, debilita las capacidades estatales para dar seguridad ciudadana.
Rodríguez advirtió que la inseguridad afecta el desarrollo social y económico de los países. Además, lesiona la credibilidad en el sistema político y la confianza en la gobernanza democrática. Adujo que la naturaleza transnacional de la delincuencia organizada exige respuestas en el marco de cooperación e integración regional.
Asimismo, recalcó que en Centroamérica los grupos criminales han empezado a utilizar drones para acompañar el movimiento de drogas o vigilar los puntos vulnerables en barriadas convertidas en blancos, mientras que las fuerzas policiales están rezagadas en la adopción de esa tecnología y la aplicación de normas regulatorias.
Se estima que los grupos criminales en Panamá mueven en este país más de 1.900 millones de dólares anuales y se apoyan en pandillas y bandas para dar soporte a la red de narcotráfico.
En agosto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, dirigida por el fiscal Nahaniel Murgas, solicitó llamamiento a juicio para 21 supuestos integrantes de la pandilla “Curunducito”, debido a la comisión del presunto delito contra la seguridad colectiva (Pandillerismo).
Sin embargo, la antropóloga e investigadora social Luz Estela Soto planteó que es necesario entender la dinámica de comunidades en las que se encona el crimen, respecto al abandono y exclusión de los jóvenes que son absorbidos por estructuras criminales. Acotó que la represión no es garantía de éxito, ni de pacificación.
Soto, quien se ha adentrado en áreas violentas del país, apuesta por la educación la capacitación y la formación integral de los jóvenes que necesitan alternativas para cambiar sus vidas. Ella ha realizado un extenso estudio sobre las pandillas que operan en este país.
En ese sentido, la Fundación Friedrich Ebert reconoció que el limitado acceso a la justicia afecta sobre todo a poblaciones más vulnerables. Por ello, promueve el análisis del papel del sistema judicial en la seguridad pública, como base para propuestas de reforma del sector seguridad que prevea la prevención, la represión y la rehabilitación al considerar las experiencias regionales.
