Lawfare, el uso de la ley como arma de guerra
Por Cecilio E. Simon E.
Redacción de Bayano digital
El amplio diccionario de guerra no convencional o guerra de 5ta. generación de la Fuerzas Armadas de los Estados Unidos incluye lo que denominan LAWFARE, definido como la judicialización de la política.
El termino anglosajón se divide en law (ley) y warfare (guerra), que hace referencia a una “guerra jurídica”, es decir el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político.
El neologismo fue creado en 1999 por el Maj. General de la Fuerza Aérea Charles J. Dunlap Jr., profesor de la Duke University School of Law estadounidense, y en el 2001 la define como “el uso de la ley como un arma de guerra”. El concepto comienza a ser manejado en las Fuerzas Armadas Estadounidenses en ese año, como parte de lo que denominan Unrestricted Warfare (guerra irrestricta).
Los jueces reemplazan a los militares para dar los golpes de Estado
En un documento de 2009 filtrado por Wikileaks, los EE.UU. dejan claro cómo entrenan agentes judiciales brasileros, entre ellos el juez Sérgio Moro.
Wikileaks reveló el informe enviado al Departamento de Estado norteamericano sobre el seminario de cooperación, realizado en octubre de 2009 denominado “PROYECTO PUENTES”: construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil”, en el que se trataba de consolidar el entrenamiento bilateral para la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo, que contaba con delegaciones de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Lawfare y Golpe de Estado en Basil
Lawfare puede sustituir a la guerra donde proporciona un medio para obligar a un comportamiento específico con menos costos que la guerra cinética, o incluso en casos donde la guerra cinética sea ineficaz, dijo en su articulo el General Dunlap.
La acción militar cinética es un eufemismo empleado por los militares que involucra una guerra activa, que generalmente incluye la fuerza letal.
El Lawfare puede ser complemento al uso de la fuerza letal. Un sector de los militares en Brasil, que desconfían de los Jueces amenazaron con dar un golpe de Estado, con el empleo de fuerza letal, que «sin duda causaría un derramamiento de sangre» si el Supremo Tribunal de Federal (STF) no votara contra el Habeas Corpus que impida el encarcelamiento de Lula da Silva.
Generales Golpistas
El general del ejercito de reserva Luiz Gonzaga Schroeder Lessa amenazó con un golpe de estado, si el STF no habilita la detención del ex presidente y candidato presidencial Lula Da Silva, “entonces no quedará otra alternativa que la intervención militar.”
Schroeder Lessa fue comandante militar del Este y de la Amazonia. «Veo al general Villas Bôas (comandante del Ejército) preocupado por el estado actual y defendiendo solución por la vía democrática, constitucional, pues la interferencia de las Fuerzas Armadas, sin duda, va a causar derramamiento de sangre», dijo.
El general Paulo Chagas confronta a los magistrados del STF. El general Chagas creo, una cuenta en Twitter el 18 de febrero de 2018 y mantiene una página en Facebook en las que se pronuncia contra Lula a quien califica como de terrorista y presiona para que el TFS lo encarcele.
Tras el fallo del STF, dijo en su cuenta en Twiter: «El marcador de 6 x 5 contra la concesión del habeas corpus de Lula, devuelve provisionalmente al STF su condición de Corte Suprema», dijo.
El encarcelamiento de Lula da Silva, ordenado por el juez Sérgio Moro, con base en acusaciones falsas y sin pruebas, y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff también sin pruebas, concretan la aplicación del «Lawfare» en Brasil como un golpe de Estado Judicial continuado.
Lawfare de la derecha venezolana
El fracaso de los recursos de la guerra de 5ta. generación aplicados por Washington, la derecha venezolana y sus aliados en el Grupo de Lima ahora saca de la caja de herramientas el Lawfare para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Alentados por el aparente éxito obtenido en Brasil, montaron una parodia para someter a un antejuicio de mérito al presidente Maduro.
La destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz, acusada de corrupción el actual Fiscal General Tarek William Saab, solicitó al autodenominado TSJ en el exilio pedir a Interpol la alerta roja contra el presidente Maduro. Ella instó al ilegitimo TSJ enviar un oficio a la Fuerza Armada Nacional para que capture al jefe de Estado y se congelen todos sus bienes.
El llamado TSJ en el exilio, que realiza sus audiencias en el CONGRESO DE COLOMBIA, fijó para este lunes 9 de abril una audiencia, en la que determinarán si hay o no merito para iniciar el juicio.
El prófugo de la justicia Antonio Ledezma exigió, en su cuenta de Twitter desde Bogotá, que el Parlamento Nacional (de oposición) apruebe una resolución de respaldo al antejuicio de mérito contra Maduro.
El Lawfare ya fue aplicado en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo y, en Argentina está en curso contra la ex presidenta Cristina de Kischner y miembros de su partido que han sido encarcelados.
