Por Profesor Juan Jované
Economista y docente universitario
La reciente aparición en la Gaceta Oficial de Decreto Ejecutivo 130, de 6 de junio de 2017, el “que establece las directrices para la actualización de la información catastral”, ha levantado una notable polémica entre la población, que percibe que el mismo simplemente busca elevar los impuestos con el fin de desplazar a la población, sobre todo de los sectores medios, de sus viviendas, y los personeros de gobierno que intentan, con argumentos relativamente banales, de negar esta finalidad. Esto hace importante aclarar la casos sometiendo a un análisis riguroso a este decreto, así como aclarando en el contexto en que el mismo se da.
Si comenzamos por el contexto, se puede afirmar que existen razones poderosas que permiten sospechar que el gobierno busca elevar su recaudación fiscal con la aplicación del Decreto 130. Se trata no sólo de los problemas financieros locales que sufre el actual gobierno, producto de la desaceleración económica que vive el país. Se trata, también, de las presiones que surgen de los organismos financieros internacionales. Es así, que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reciente documento “2017 Article IV Cosultation”, le indica al gobierno de Panamá que “a pesar de los recientes avances, la administración de impuestos debe continuar fortaleciendo, los ingresos tributarios de Panamá que siguen entre los más bajos de la región” (p. 2).
En segundo lugar, está la elaboración del “Plan Maestro de Infraestructura y la Logística de Carga para la Zona Interoceánica del Canal de Panamá”, el cual durante su implementación podría redefinir toda la estructura del uso de suelo de la Ciudad de Panamá y Colón, así como de parte de la estrategia logística del país, En referencia a esto, es lógico pensar que los cambios de zonificación y los desplazamientos de la población de una buena parte de la población, serán apoyados por modificaciones de los valores catastrales.
En tercer lugar, están los intereses de los especuladores de tierras, los cuales tienen una elevada presencia en el actual gobierno, para quienes la elevación de los valores catastrales de las viviendas de los sectores medios, resultaría en el desplazamiento de los mismos, quienes estarían obligados a venderlas dada la insoportable presión fiscal. Se trata del conocido fenómeno que a nivel internacional se ha venido a conocer como “gentrificación”.
Concentrando ahora la atención sobre el propio documento, encontramos que éste incluye entre los elementos que deberían ser reportados a la ANATI las siguientes acciones sobre las viviendas: refaccionarlas y repararlas. En este caso, se deben hacer dos comentarios:
1. La reparación de una vivienda lejos de ser una acción que le eleva el valor a la misma es claramente una acción guiada a conservar su valor, por lo que no debería tener nada que ver con revalorizaciones.
2. En la medida en que una vivienda se refaccione, como generalmente hace la población, para su propio bienestar, estamos, entonces, frente a una acción guiada al bienestar familiar y no a elevar su valor como mercancía. Gravarían más las viviendas cuando se mantienen en la esfera del valor de uso y no en el valor de cambio.
Además de lo anterior, el decreto también incluye la posibilidad de “cambios de zonificación y usos de suelos” (p. 2), lo cual trae a colación lo antes señalado sobre la posibilidad de que estos instrumentos sean utilizados para elevar el valor catastral de las viviendas y, en consecuencia, provocar la expulsión de las personas de sus viviendas.
Aun cuando en apariencia el mecanismo se refiera a los casos de traspaso de dominio, el Decreto 130 deja claro como este sería utilizado por la ANATI para elevar los valores catastrales y los impuestos. En la práctica, una vez recibida la información “en caso que el desglose escrito no se ajuste al valor real del terreno y mejores, la Autoridad Nacional de Tierras podrá ajustar el desglose del nuevo valor inscrito” (p. 3).
En definitiva, la población tiene que entender que para conservar sus viviendas y evitar ser expropiadas, deben de movilizarse efectivamente para defender su derecho humano a una vivienda digna. El hecho de que el gobierno haya suspendido su aplicación no significa que haya declinado sus intenciones. Debemos exigir la derogación total y definitiva del Decreto 130.
