Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado , docente y mediador
En el primer año del gobierno actual en Panamá, se registraron 560 homicidios. En el semestre siguiente se añadieron a esa lista inos 312 casos más, lo que revela un total de 872 muertes violentas en un año y medio transcurrido.
El Observatorio Criminológico Académico y Social (OCAS) ha documentado y analizado los números que provienen del Ministerio Público. Esos datos son una señal preocupante de la situación de la seguridad ciudadana e indican que se necesitan respuestas del Estado más sistemáticas y sostenibles.
La violencia como fenómeno estructural
El OCAS enfatiza que la violencia homicida no debe ser concebida solamente como una cuestión de orden público o policial. Es un fenómeno multicausal que está relacionado con aspectos institucionales, socioeconómicos y culturales. Algunos de los más destacados son:
• Disparidad económica y social, que causa exclusión y escasez de oportunidades.
• La escasa capacidad de los sistemas judicial y policial, que pone de manifiesto la fragilidad institucional.
• Falta de políticas educativas y culturales que promuevan la solución pacífica de conflictos.
• La existencia de grupos criminales organizados que llenan los vacíos dejados por el Estado en comunidades con vulnerabilidades.
Por lo tanto, la violencia es un indicio de problemas estructurales más profundos que necesitan ser abordados desde una perspectiva interdisciplinaria.
La falta de programas y planes
El OCAS señala que, pese a la gravedad de las cifras, no han sido detectados programas de prevención sostenidos ni estrategias de seguridad. Las medidas que toma el gobierno parecen ser reactivas y fragmentadas, enfocándose en la respuesta inmediata de la policía, pero no tienen un enfoque holístico que contemple la prevención, la rehabilitación y la reintegración a la sociedad.
Esa falta de proyectos definidos da una impresión de debilidad institucional y de improvisación. La falta de una hoja de ruta clara genera desconfianza y percepción de abandono en la ciudadanía, lo que contribuye a debilitar aún más la legitimidad del Estado panameño.
La necesidad de programas integrales e interdisciplinarios
El OCAS sostiene que la única forma de afrontar la violencia homicida de manera sostenible es a través de planes integrales e interdisciplinarios que incluyan a todos los participantes del control social:
• Formales: entidades del Estado como la policía, el sistema judicial y los ministerios de trabajo, sanidad y educación.
• Informales: grupos comunitarios, líderes de barrio, iglesias, asociaciones de jóvenes, medios de comunicación y familias.
La seguridad de los ciudadanos debe ser vista como un proceso social extenso que integre políticas de justicia, educación, cultura, empleo y prevención. Algunos ejemplos de acciones específicas son:
• Programas de reintegración laboral para jóvenes en situación de riesgo.
• Campañas pedagógicas sobre la solución pacífica de conflictos.
• Ámbitos deportivos y culturales que propicien opciones de ocio no violento.
• Consolidación de procesos de mediación a nivel comunitario
Interdisciplinariedad como método clave
El análisis del OCAS pone de relieve que la violencia es un fenómeno complejo que requiere de la participación de diversas disciplinas: criminología, sociología, psicología, economía, educación y salud pública. Para elaborar políticas que no solo disminuyan los homicidios, sino que también transformen las circunstancias sociales que los producen, es necesario integrar estas perspectivas en un plan integral.
Los centros de investigación y la academia, incluido el propio OCAS, tienen la capacidad de aportar evidencias científicas que guíen las decisiones políticas, previniendo así decisiones improvisadas y garantizando que las intervenciones se fundamenten en datos comprobables.
El rol de la sociedad civil
El OCAS sostiene que el sector civil es un actor fundamental para la creación y transformación de seguridad. Su proximidad a las comunidades posibilita identificar dificultades antes de que se transformen en crisis. Incorporarla en el diseño y la implementación de políticas hace más legítimas las acciones y asegura que las soluciones se ajusten a las necesidades auténticas de la gente.
Es fundamental que exista confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Si no la hay, cualquier plan puede fracasar. Por tal motivo, se debe considerar la participación activa de la sociedad civil como un recurso estratégico.
Conclusión
El aumento de homicidios en el primer año y medio de gobierno es una señal de alarma que no se puede pasar por alto. La falta de proyectos, planes y programas definidos es un indicativo de debilidad institucional que empeora la crisis de seguridad. Frente a este escenario, el OCAS sugiere la creación de planes integrales e interdisciplinarios que incluyan a todos los actores del control social, ya sean formales o informales.
La seguridad de los ciudadanos no puede seguir considerándose un tema únicamente policial. Necesita una perspectiva integral que integre cultura, educación, justicia, prevención y trabajo. Solo de esta manera se podrá disminuir la violencia de forma sustentable y restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
En definitiva, los homicidios son la manifestación más evidente de un problema estructural más profundo. La respuesta también debe ser de carácter estructural: un compromiso político serio, sostenido y participativo que esté apoyado por pruebas académicas y sociales, poniendo la dignidad humana y la vida en el núcleo de las políticas públicas.
¡Juntos trabajemos a favor de paz y la convivencia Pacífica!
