Por Victoriano Rodríguez Santos
Economista, educador, máster en Recursos Humanos
Todo sugiere que la desfachatez, el irrespeto, la imposición, la extralimitación de funciones y hasta el tráfico de influencias, son la tónica del gobierno panameño. Quizás, antes de que termine el mandato presidencial de cinco años, el Órgano Ejecutivo intente convertir a Panamá en una ”mini estrella” de la bandera de Estados Unidos.
La arrogancia del presidente José Raúl Mulino Mulino y algunos ministros, como Lucy Molinar y el contralor general, Anel Flores (presunto mandadero del Palacio), dejan mucho qué decir de personas que se jactan de ser demócratas con principios de lucha.
Aprendimos de nuestros ancestros lo siguiente: ”No todo lo que brilla es oro”. La primera le dice idiota a los docentes y el otro trata a una dama de ventrílocua, siguiendo el camino del despótico trato de Mulino a la ciudadanía, especialmente a los periodistas. Ello explica por qué sus conferencias de prensa semanales son un fracaso.
¡Qué gran diferencia entre el contralor Flores y los excontralores Damián ”Ñan” Castillo Durán Abdiel Julio, Rubén Darío ”Chinchorro” Carles, José Chen Barría y algunos de épocas remotas!
Es necesario recordar la honestidad y el humanismo van de la mano, como tres hermanas, las tres Marías (respeto, dignidad y humanismo), sin dejar de lado la honestidad, transparencia y equidad.
Importante es conocer desde cuándo un contralor es mediador entre una empresa privada y la institución que requiere un servicio comunitario básico.
¿Acaso esa es una atribución oficial contenida en los artículos 279 y 280 de la Constitución Política Nacional o en la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República?
¿Dónde queda la independencia de la Contraloría respecto a sus actos de verificación del Control Previo (licitaciones públicas) o las auditorias a realizar? Aún se desconoce la verdadera razón que provocó la renuncia del subcontralor, pero ese hecho genera gran suspicacia.
Todo indica que cuando el rector de una institución no se pliega a los caprichos del contralor, se cierra la oficina de fiscalización (caso de la Universidad de Panamá), lo que puede verse reflejado en el Municipio de San Miguelito. En ese sentido, conviene preguntar: ¿Es correcto? ¿Es legal el procedimiento adoptado por la Contraloría?
Lo acontecido lleva a pensar que en este país hay un estado de indefensión, producto de maromas, cinismo y quizás extralimitación de funciones, como ocurre en países anárquicos.
Desdichadamente, cuando personas serias, honestas, transparentes y sin cola de paja ni techo de vidrio incorporan sus documentos para ser elegibles a cargos de contralor o subcontralor, parece que muchos diputados hacen el mandado y escogen al que tiene si nombre en el sombrero del mago que preside la nación.
Señor contralor: suelte (deje en paz) a la alcaldesa del distrito de San Miguelito y cumpla sus funciones asignadas. Le queda muy mal el mediar entre una empresa privada y una institución del Estado, peor si es una alcaldía descentralizada.
Si hubiese una Asamblea Nacional donde floreciera la honestidad, como hierba de camino y estuviera exenta de actos o acciones que riñen con las buenas prácticas de objetividad, transparencia, libre de vicios o corrupción, y alejada de leyes que perjudican a la población (como la nefasta Ley 462), Panamá sería un país desarrollado, confiable y seguro.
Soy el hijo de Juana.
¡Dios te salve, Panamá!
