(Redacción de Bayano digital)
El Comité Regional de Chiriquí del Partido del Pueblo denunció el desalojo de productores agropecuarios en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, así como la inconstitucional aprobación de tierras por grupos económicos oligárquicos.
Un comunicado emitido por esa organización política precisó que las acciones de fuerza son ejercidas por los dueños del poder real: la oligarquía financiera, para apropiarse de valiosas tierras que fueron dejadas de cultivar por la transnacional bananera.
“La restauración oligárquica post invasión y la aplicación a ultranza de las políticas neoliberales de acumulación por desposesión tiene su mejor exponente en el Barú, específicamente en el contrato ley N° 36-17 que le concede las tierras, el recurso hídrico y la infraestructura existente a BANAPIÑA (Del Monte)”, subraya el pronunciamiento del Partido del Pueblo.
Uno de los principales motivos para rechazar ese contrato ley, es que su texto fue negociado con alevosía, ventaja, conflicto de intereses y corrupción, disfrazada de donaciones a los programas gubernamentales.
El documento fue aprobado “a tambor batiente” (con suma rapidez)por los diputados sin siquiera haberlo leído. Así fueron concedidas a BANAPIÑA (Del Monte) esas tierras, sin tener en consideración de que allá hay iglesias, centros de salud, escuelas y campos donde habitan ex trabajadores bananeros.
Además, ha sido denunciada la entrega a manos privadas de los ríos Colorado y Chiriquí Viejo y la concesión privilegiada de agua de sus caudales, a través de la perforación de pozos para todo tipo de uso. El gobierno se ha convertido en arrendatario de tierras para subarrendarlas a BANAPIÑA (Del Monte), y, por ello, expropió a pequeños propietarios que no aceptan el “alquiler” leonino.
El Partido del Pueblo rechaza el desalo en perjuicio de productores agropecuarios que por más de 20 años ocupan esas tierras estatales, sobre las cuales adquirieron derechos posesorios y se resisten a ser indemnizados con 2.200 dólares, sin considerar la inversión realizada y el valor de la cosecha futura.
En el comunicado se advierte que, “para colmo de males”, se ha permitido el inicio de operaciones de BANAPIÑA (Del Monte), sin que haya un estudio de impacto ambiental para la fumigación indiscriminada en plantaciones agroindustriales.
