Por David Carrasco
Director de Bayano digital
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Cable & Wireless Panamá (CWP), Eric Morcillo, denunció el ilegal despido de centenares e operarios y la relocalización de servicios de esa compañía que en 2025 concretó una alianza estratégica con el gigante Starlink, la red de satélites de SpaceX.
En entrevista concedida a Bayano digital, Morcillo precisó que el 4 de abril de 2025 unos 250 trabajadores en esa empresa, entre ellos mujeres embarazadas, fueron intimidados por presuntos abogados y agentes de seguridad privada para firmar un ”mutuo acuerdo” y quedar fuera del sistema laboral, en medio del incomprensible silencio de la Junta Directiva y del gobierno de turno.
El dirigente sindical indicó que la masiva reducción de personal viola en forma flagrante el artículo 188 del Código de Trabajo, en el que se señala que ”previamente a la aplicación de una sanción disciplinaria por parte del empleador, el trabajador tiene el derecho de ser oído y de ser acompañado por un asesor designado por el sindicato”. Adujo que esas acciones fraudulentas fueron ejecutadas en ausencia de representantes del Sindicato.
Morcillo manifestó que luego de conocer esos sorpresivos hechos deplorables, el Sindicato interpuso un pliego de demandas en las instancias rectoras de las relaciones entre el capital y el trabajo, en procura de justicia económica, laboral y social y del cese de los atropellos gerenciales.
Reseñó que el Sindicato aboga por el diálogo para intentar resolver el conflicto planteado, pero está dispuesto a recurrir a todas las formas de lucha, incluida la solidaridad efectiva de las centrales y federaciones obreras en este país, con el propósito de que sea respetada la ley y predomine imperio de la justicia a favor de la clase trabajadora mancillada
En la actualidad, está vigente la Séptima Convención Colectiva de Trabajo 2022-2026, que fue ratificada por las partes tras un proceso negociador. No obstante, ese compromiso ha sido desconocido y violentado por directrices foráneas que lesionan el legítimo interés nacional.
En 1997, CWP, de capital británico, obtuvo el 49 por ciento de las acciones del privatizado Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), así como ventajas para su expansión en el mercado regional de las comunicaciones y los servicios digitales, entre ellos el jugoso negocio de la telefonía móvil.
El resto de las acciones del INTEL fue repartido entre el Gobierno (49%), y los empleados (2%). Ese reparto pactado otorgó a CWP el régimen de exclusividad hasta el 2 de enero de 2003. Actualmente, C&W Panamá es una joint venture entre Liberty Latin America (49%) y el Estado panameño (49%).
Morcillo estimó que Liberty Latin America busca trasladar operaciones de atención al cliente y otros servicios a países con mano de obra barata, con el objetivo de tercerizar actividades, maximizar ganancias y eludir el cumplimiento de obligaciones contractuales en Panamá.
En ese sentido, advirtió que las inaceptables medidas adoptadas por la multinacional instalada en Panamá no sólo son arbitrarias e inhumanas, sino que contradicen el alto nivel de prosperidad alcanzado tras la privatización del INTEL y las ventajas económicas obtenidas av lo largo del tiempo.
De hecho, la orgullosa Junta Directiva de CWP declaró en este país dividendos por unos 40,8 millones de dólares, correspondientes a las ganancias acumuladas en el ejercicio fiscal 2023, y utilidades estimadas para el año fiscal 2024.
Morcillo manifestó que los afiliados al sindicato se mantienen firmes y cohesionados en sus exigencias, pese a que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se haya cruzado de brazos ante el sorpresivo desmembramiento empresarial y los desmanes perpetrados contra los eficientes y dinámicos trabajadores.
”Este nivel de abusos cometidos jamás había ocurrido en la empresa”, acotó el líder sindical visiblemente indignado y en actitud combativa en defensa de la justicia laboral efectiva.
