Bancos involucrados en estafas serán investigados
Los bancos que estén involucrados en estafas a los consumidores, serán investigados, prometió el superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, tras el estallido de un escándalo en el sector inmobiliario, por la aprobación de préstamos hipotecarios sobre el financiamiento de casas, apartamentos y oficinas que miden menos que lo previsto en los contratos de compra-venta.
Fernández fue interrogado por Bayano, sobre el abuso en perjuicio de los consumidores, y señaló que en esos casos lo que procede, desde el punto de vista legal y administrativo, es una investigación.
Añadió que una nueva propuesta de legislación fiduciaria en este país faculta a la Superintendencia de Bancos de Panamá a proteger al consumidor y salvaguardar el negocio fiduciario
Giovani Fletcher y Pedro Acosta, dirigentes de dos de las principales organizaciones de consumidores en Panamá, detectaron estafas millonarias, en las que están envueltos promotoras de vivienda, bancos y agentes económicos coludidos para afectar a compradores quienes aspiraban a adquirir propiedades dignas, pero terminaron timados y manipulados en un mercado repleto de vicios.
Hoy, hay un creciente desencanto colectivo que se traduce en indignación, debido a que la oferta de algunas empresas de bienes raíces, de proveer casas seguras y confortables en proyectos residenciales, desmoronó los sueños de muchos hogares. Malas construcciones, deficientes acabados y falta de servicios básicos generan malestar. En octubre de 2015, Fletcher aclaró que si una firma inmobiliaria incumple la entrega de una vivienda, el cliente podrá prescindir del contrato sin sufrir ninguna repercusión.
En declaraciones a Bayano digital, Acosta destacó que, en muchos casos, los ocupantes de nuevos inmuebles se percatan de que les falta de tres a siete metros cuadrados de superficie, lo que se traduce en pérdidas para los consumidores. Añadió que los afectados deberían ser resarcidos por el perjuicio de acciones fraudulentas, sin que ello interfiera con el desarrollo de juicios por estafa.
La acción reivindicativa emprendida por Fletcher y Acosta podría desembocar en procesos, en los que banqueros y dueños de empresas inmobiliarias sean llevados al banquillo de los acusados, por estafa, conspiración, asociación ilícita para delinquir, incumplimiento de contratos y vicios ocultos. Asimismo, debería ser ordenado el impedimento de salida del país de los indagados y el congelamiento de cuentas bancarias, para resarcir daños.
Los reclamos interpuestos en el organismo regulador Acodeco revelan que las querellas contra inmobiliarias en los Departamentos de Conciliación y Decisión de Quejas fueron por el orden de 290 millones de dólares, de mayo de 2006 a enero de 2016. La lista la encabezan los incumplimientos de contrato, por 106 millones de dólares, seguidos por incumplimientos de garantía, por 59 millones de dólares, lo que revela un ambiente sórdido de abusos.
Muchos indignados se han atrevido a alzar su voz de protesta y otros perdieron la fe en el sistema. Sin duda, queda un largo camino por recorrer a los consumidores y querellantes “enganchados” en ferias de vivienda, en las que aflora la publicidad engañosa. En Panamá, la población demanda la aplicación de ágiles mecanismos de justicia contra la impunidad, reconocieron Fletcher y Acosta.
