LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES (ASOPROF) APOYA INCONDICIONALMENTE AL PRODUCTOR NACIONAL
Desde hace cuatro décadas el sector agropecuario panameño viene siendo objeto de un conjunto de políticas que han defenestrado progresivamente su participación en la dinámica económica del país. Según datos del Banco Mundial, la participación del sector primario en el PIB nacional (agricultura, ganadería y pesca) ha decrecido drásticamente: 1960: 27,1%; 1970: 21,0%; 1981: 9%; 1991: 8%; 2001: 8%; 2006: 7%; 2015: 2.2%. Es decir, por cada balboa que se producía a nivel nacional en 1960, el sector agropecuario aportaba 27 centavos; en 2015 por cada balboa, sólo aporta 2 centavos.
Toda población requiere satisfacer la necesidad básica de alimentación, para ello, es indispensable que el Estado garantice un andamiaje institucional que permita la producción de alimentos saludables a precios accesibles. Así mismo, es responsabilidad del Estado que se dote a los productores nacionales de condiciones optimas para la generación y permanencia de una producción sustentable, con créditos blandos, financiamiento integral, seguros, asesoría técnica e investigación (química-biológica, genética) disponible para el agricultor; que permita desarrollar una producción basada en la diversidad de productos locales, con redes de distribución modernas, de almacenamiento y en donde el precio que se paga al agricultor sea justo.
Pero en nuestro país desde hace mucho tiempo se hace todo lo contrario, por un lado, el sector rentista apátrida (comerciantes e importadores del patio y sus cadenas de distribución, quienes además de participar en todos los gobiernos desde 1903, son los que determinan hoy día los precios locales: Tagaropulos, Feduro, El Machetazo, Super 99, Xtra, Supermercado Rey, etc.) por otro lado, las fuerzas externas (corporaciones transnacionales de la agricultura: Libbys, Monarch, Green Gigant, Frosty Acres, Nestle, Del Monte, etc.) son quienes han tomado el control y monopolizan el acceso a los alimentos en Panamá. Lo mas vergonzoso es que ésta ha sido una histórica política de estado (quizá la única en nuestro país) que desde la década de los ochenta inauguró el desmontaje de nuestro agro, primero con los préstamos de ajuste estructural (SAL I y SAL II) luego con la liberalización de los precios y reducción de los aranceles en la década de los noventa, seguidamente de los Tratados de Libre Comercio en la década del dos mil, y en la actualidad, bajo el auspicio de instituciones nefastas como AUPSA y BAISA, creadas desde el Estado, pero con fines exclusivamente de beneficio al sector comerciante/importador.
“Regresen al campo porque el Estado es un amigo, es un aliado. Cuentan con todo el apoyo del Estado, técnico y financiero para garantizar la seguridad alimentaria del país” Presidente Varela, Divisa, 30 de julio de 2014. El Gobierno debe dar un giro hacia una política diferente para nuestro Agro, mientras no lo haga, la ASOPROF no quitará la mirada a un problema que es de todos, por tanto, nos solidarizamos con las justas reclamaciones de nuestros trabajadores rurales, campesinos y productores agropecuarios en general y denunciamos a su vez la represión y detención arbitraria de los productores y exigimos su inmediata liberación porque son gente honesta, trabajadora que lo único que pide es que no haya competencia desleal.
La negación institucional del derecho a la alimentación de nuestro pueblo, la violación sistemática de nuestra soberanía entregando la producción de nuestros alimentos al capital comercial local y transnacional, así como la irresponsabilidad de subsumirnos en la inseguridad alimentaria y exponer el presente y futuro de todos/as.
Panamá, 21de Diciembre de 2018.
Diógenes Sánchez Pérez. Secretario General ASOPROF.
