Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
Existen historias que revelan el verdadero rostro de un país. La de Cándido Aizprúa Guevara, conocido como el ”Niño Millón», es una de ellas. No representa únicamente la vida de un hombre; simboliza la credibilidad del Estado panameño y la enorme distancia que puede existir entre la solemnidad de una ley y la voluntad política para cumplirla.
El 4 de septiembre de 1958, Panamá celebró con orgullo el nacimiento de su habitante número un millón. La noticia fue presentada como la confirmación de una nación que avanzaba hacia la modernidad y el desarrollo. Para inmortalizar aquel acontecimiento, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 51 del 9 de diciembre de 1958, mediante la cual el Estado garantizó al ”Niño Millón” educación hasta el nivel universitario, una vivienda digna y tierras agrícolas para asegurar su futuro.
Aquella ley no era una promesa de campaña ni un gesto simbólico; era un compromiso jurídico de la República.
Sin embargo, cuando desaparecieron las fotografías oficiales y el entusiasmo nacional, comenzó el abandono. Los apoyos educativos dejaron de llegar, la protección estatal se diluyó y el joven que había sido utilizado como símbolo del progreso tuvo que abandonar sus estudios para trabajar y ayudar al sustento de su familia. El Estado incumplió precisamente aquello que había prometido proteger.
Lejos de convertirse en una carga para la sociedad, Cándido decidió servir al país. Ingresó a la Fuerza Pública y dedicó aproximadamente veinticinco años a la seguridad nacional. Diversas publicaciones periodísticas señalan que se jubiló en 1996 con el rango de sargento segundo, tras una carrera que abarcó la transición de la antigua Guardia Nacional hacia la actual Policía Nacional. Paradójicamente, mientras cumplía con su deber como servidor público, el propio Estado seguía incumpliendo la ley que había promulgado para garantizar su bienestar desde el día de su nacimiento.
Durante décadas, recorrió ministerios, oficinas públicas y despachos gubernamentales llevando consigo una carpeta llena de documentos, recortes de periódicos y copias de la Ley 51. Aquella carpeta terminó convirtiéndose en el símbolo de una dolorosa realidad: en Panamá una ley podía permanecer vigente durante casi medio siglo sin que ninguna autoridad asumiera la responsabilidad de hacerla cumplir.
Gobierno tras gobierno, la respuesta fue prácticamente la misma: nuevas promesas, estudios administrativos, reuniones, fotografías y más silencio. Presidentes, ministros y altos funcionarios de distintas administraciones dejaron pasar los años sin honrar una obligación legal que nunca dejó de existir. La omisión institucional terminó siendo más fuerte que el mandato de la propia ley.
Fue durante la administración del presidente Martín Torrijos cuando, finalmente, el Estado decidió atender aquella deuda histórica. El 20 de octubre de 2005 se entregaron las escrituras correspondientes a las 45 hectáreas contempladas en la Ley 51 de 1958.
Ese acto merece ser reconocido porque constituyó el primer cumplimiento efectivo de una obligación que los gobiernos anteriores habían postergado durante cuarenta y siete años. No obstante, la reparación llegó demasiado tarde. Las tierras fueron adjudicadas en Salamanca, distrito de Santa María, y no en su natal Ocú.
Jurídicamente, el Estado cumplía; humanamente seguía en deuda. La educación perdida jamás pudo recuperarse, la juventud había transcurrido trabajando para sobrevivir y las oportunidades que la ley buscaba garantizar habían desaparecido con el paso del tiempo.
La historia de Cándido Aizprúa es una severa llamada de atención para la clase política panameña. Durante décadas, los distintos regentes del poder demostraron que una ley podía convertirse en un simple instrumento de propaganda cuando desaparecía el interés político que le dio origen. El caso evidencia una preocupante fragilidad institucional: el Estado exige a los ciudadanos respetar la ley, pero con demasiada frecuencia es el propio Estado quien incumple sus obligaciones legales.
Esta historia también interpela a la sociedad. Durante años, aceptamos el caso del ”Niño Millón” como una curiosidad histórica, cuando en realidad representaba una de las mayores deudas morales del Estado panameño. La indiferencia colectiva permitió que una obligación legal permaneciera incumplida durante casi cinco décadas sin generar la indignación ciudadana que merecía.
Más allá de las promesas incumplidas, la vida de Cándido Aizprúa es también la historia de un hombre que decidió servir a su país. Después de veinticinco años en la Fuerza Pública, alcanzó el rango de sargento segundo y se retiró con honor en 1996. Su trayectoria demuestra que nunca renunció a aportar a Panamá, aun cuando Panamá había incumplido con él desde su infancia. Esa contradicción revela la dimensión humana de esta historia: un ciudadano que honró sus deberes frente a un Estado que tardó casi medio siglo en honrar los suyos.
La grandeza de una nación no se mide únicamente por el crecimiento económico, sus megaproyectos o la altura de sus edificios. Se mide, sobre todo, por la capacidad de sus instituciones para cumplir la palabra empeñada, respetar la ley y proteger la dignidad de las personas, especialmente de aquellas que depositaron su confianza en el Estado.
Hoy, Cándido Aizprúa Guevara ya no representa únicamente al ”Niño Millón”. Representa a miles de panameños que esperan que los derechos reconocidos por la ley no dependan de la voluntad política ni del paso de los años para hacerse realidad. Su historia permanecerá como un recordatorio permanente de que la peor pobreza de un país no siempre es económica; la más peligrosa es la pobreza moral de unas instituciones que olvidan sus compromisos y permiten que el tiempo sustituya a la justicia.
¡Juntos trabajemos a favor de la paz, la justicia y la convivencia pacífica!
