Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
El discurso del presidente José Raúl Mulino en la apertura de la Asamblea General de la OEA no puede leerse como un acto protocolar más. Debe interpretarse como una pieza dentro de una reconfiguración más amplia de la política exterior panameña, marcada por un creciente alineamiento con la estrategia hemisférica de Estados Unidos y por un progresivo debilitamiento de la tradicional autonomía diplomática del país.
Durante décadas, Panamá logró construir una doctrina exterior singular en América Latina. No se trató de una neutralidad ingenua, sino de autonomía estratégica basada en la capacidad de cooperar sin subordinación, de negociar sin adhesión automática y de actuar como puente en medio de tensiones globales. Esa tradición se consolidó con la generación diplomática asociada a los Tratados Torrijos-Carter y con figuras como Juan Antonio Tack y Jorge Illueca, quienes entendieron que la posición geográfica de Panamá exigía equilibrio, no alineamiento.
Esa visión alcanzó uno de sus momentos más altos en la experiencia del Grupo Contadora en los años ochenta. Mientras Centroamérica se convertía en escenario de la confrontación indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Panamá —junto con México, Colombia y Venezuela— apostó por una diplomacia regional autónoma, orientada a la negociación y no a la lógica de bloques. Contadora no fue solo una iniciativa de paz: fue una declaración de independencia intelectual frente a la presión de las potencias.
Esa lógica hoy parece erosionada.
El giro se observa en la creciente convergencia entre el discurso y las decisiones del gobierno de Mulino con las prioridades estratégicas de Washington. La agenda de seguridad regional, el enfoque del fenómeno migratorio en el Darién, el tema del Canal y el retorno disimulado de la presencia militar estadounidense, la posición frente a la presencia china en sectores logísticos y tecnológicos, y el tono adoptado en foros multilaterales como la OEA revelan un patrón consistente: Panamá ya no actúa como un mediador potencial, sino como un actor alineado con una de las partes del sistema internacional.
El problema no es la relación con Estados Unidos. Esa relación es estructural, inevitable y estratégica. El problema es la transformación de esa relación en eje casi exclusivo de la política exterior, reduciendo el margen de decisión autónoma del Estado panameño. Cuando la política exterior deja de ser una herramienta de interés nacional y pasa a ser una extensión de una estrategia externa, se debilita la capacidad de maniobra del país en escenarios globales cada vez más complejos.
Este giro se acompaña de otro elemento preocupante como la selectividad del discurso democrático. Panamá ha adoptado posiciones firmes —— frente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, esa defensa de la democracia se presenta de manera desigual, sin un marco consistente de aplicación universal de principios, es decir no aplica para Argentina con Milei, ni para el Ecuador de Novoa ni para la Bolivia de Rodrigo Paz donde no se menciona que las protestas en esos países tienen un denominador común que es la aplicación de políticas de ajuste económico que trasladan parte de los costos de la estabilización fiscal a los sectores trabajadores y populares, provocando resistencia y movilización social. La democracia deja así de ser un criterio normativo y se convierte en un criterio de alineación política.
A ello se suma una narrativa recurrente que asocia de manera general a la izquierda radical con el narcotráfico y el crimen organizado. Este tipo de formulaciones, más propias de la Guerra Fría que del siglo XXI, simplifican un fenómeno transnacional complejo que atraviesa Estados, partidos y sistemas económicos sin distinción ideológica. La criminalidad organizada no es patrimonio de una corriente política; es una estructura global que se adapta a cualquier entorno institucional débil.
Lo preocupante no es solo el contenido de estas narrativas, sino su función de encuadrar la política exterior en marcos ideológicos rígidos que facilitan el alineamiento automático con ciertas agendas internacionales.
La diplomacia panameña construyó buena parte de su prestigio precisamente evitando ese tipo de simplificaciones. Desde la negociación de los Tratados Torrijos-Carter hasta la diplomacia activa del Grupo Contadora, Panamá proyectó una identidad internacional basada en la mediación, el equilibrio y la capacidad de diálogo con todos los actores. Esa identidad no era retórica: era una estrategia de supervivencia y de influencia para un Estado pequeño en un sistema internacional desigual.
Hoy, sin embargo, ese legado parece desplazado por una política exterior más reactiva, ideologizada y crecientemente dependiente de los marcos de referencia de Washington. El riesgo no es la cercanía con Estados Unidos, sino la pérdida de capacidad para establecer distancias cuando los intereses nacionales lo exigen.
En un mundo caracterizado por la competencia entre grandes potencias, la fragmentación del orden internacional y la emergencia de nuevos centros de poder, los Estados medianos y pequeños no fortalecen su posición reduciendo opciones, sino ampliándolas. La diversificación de relaciones no es ambigüedad: es una forma de racionalidad estratégica.
La pregunta de fondo no es si Panamá debe o no mantener una relación estrecha con Estados Unidos. Esa discusión está cerrada por la historia, la geografía y la economía. La pregunta real es si esa relación seguirá siendo gestionada desde una lógica de autonomía estratégica o si derivará en una subordinación progresiva de la política exterior panameña a prioridades definidas fuera de sus fronteras.
El discurso de Mulino en la OEA, leído en ese contexto, no es un episodio aislado. Es un síntoma. Y lo que está en juego no es sólo una orientación diplomática, sino la continuidad de una tradición que permitió a Panamá ejercer influencia internacional mucho más allá de su tamaño: la tradición de pensar y actuar como puente, no como satélite.
