Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
En lo que va de gestión administrativa del gobierno del denominado “Paso Firme”, el balance del examen de la política exterior panameña revela una preocupante disonancia entre la retórica y la praxis.
Lo que al inicio del periodo gubernamental se proyectaba como un destello de dignidad nacionalista y una búsqueda de autonomía estratégica, se ha diluido bajo el peso de una presión directa y sostenida por parte de Washington. Lejos de sostener la firmeza necesaria para navegar la multipolaridad del siglo XXI, la población panameña ha sido testigo de un alineamiento que transita de la cooperación hacia una subordinación aplastante.
Esa entrega de la iniciativa soberana, manifestada en la gestión de los activos críticos (el control de los puertos y las pretensiones de controlar la vía acuática) por parte de este gobierno, marca un retroceso histórico que desdibuja la identidad propia de la diplomacia para convertirla en un eco de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
La política exterior actual atraviesa un punto de inflexión en el que la semántica diplomática parece colisionar con la praxis geopolítica. Durante la década de 1970, el Estado panameño consolidó una ”Neutralidad Activa”, fundamentada en una identidad nacionalista que desafió la bipolaridad de la Guerra Fría para alcanzar el perfeccionamiento de )@ independencia nacional.
Hoy, ante la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) 2025, de Estados Unidos, esa postura oficial parece haber mutado hacia una ”Neutralidad Vigilada”, caracterizada por la aquiescencia frente a las presiones externas y la erosión de la autonomía estratégica de Panamá.
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El núcleo de esa metamorfosis reside en la redefinición de los activos estratégicos de la zona de tránsito. Para Washington, el Canal de Panamá y el sistema portuario no son meras infraestructuras de comercio global, sino activos críticos indispensables para su seguridad nacional y la contención de influencias extrarregionales, particularmente la presencia china con la cual Panamá decidió de manera soberana, desde el 2017, establecer relaciones diplomáticas.
Si bien el Tratado de Neutralidad Permanente de 1977 establece que el Canal debe ser una vía de tránsito segura y abierta para todas las naciones del mundo —prohibiendo técnicamente el control absoluto de cualquier potencia—, la realidad operativa sugiere una interpretación distinta.
Bajo la doctrina de la Seguridad Nacional 2025, la ”seguridad” del Canal se entrelaza con los intereses de defensa estadounidenses, presionando al gobierno panameño a alinearse con estándares y controles que, en la práctica, limitan la capacidad de decisión soberana sobre quién invierte y cómo se gestionan los puertos.
La diferencia entre la gestión diplomática actual y la de los años 70 es evidente. Entonces, Panamá proyectó una política exterior con identidad propia, capaz de movilizar el apoyo de los Países No Alineados y transformar una disputa territorial en una causa internacional. Existía la voluntad política de enfrentar las presiones del Norte bajo la premisa de que la neutralidad no es pasividad, sino la salvaguarda de la soberanía.
El escenario actual muestra un gobierno no dispuesto a navegar las aguas de la multipolaridad con la misma firmeza. La ”Neutralidad Vigilada” es el resultado de una diplomacia reactiva que prioriza la comodidad del alineamiento sobre la complejidad de la autonomía. Prefiere negociar el ”cómo” obedecer y no el ”si” se debe obedecer. Si la burocracia estatal y las élites económicas asumen que la seguridad de Estados Unidos es la seguridad de Panamá, la “Neutralidad Activa” muere por falta de voluntad política interna, aún si la estructura externa permitiera algún espacio de maniobra para la misma.
Al ceder ante la narrativa de los ”activos estratégicos”, dictada desde afuera, se corre el riesgo de convertir el Tratado de Neutralidad en herramienta de exclusión, más que de apertura global. Este país no puede permitirse ser un espectador pasivo de su propia posición geográfica. La neutralidad debe volver a ser activa y propositiva. Ello implica reconocer que, aunque Estados Unidos sea el principal socio estratégico, la política exterior de Panamá debe responder a intereses nacionales y a la vocación de servicio universal de la ruta.
El desafío para la academia y la diplomacia panameña es denunciar ese tránsito hacia la ”Vigilancia Externa” y recuperar el discurso de una soberanía que no se negocia, sino que se ejerce. De lo contrario, la metamorfosis se completará, y Panamá pasará de ser el ”Puente del Mundo” a ser, simplemente, un eslabón subordinado en la cadena de seguridad de una potencia extranjera.
