Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El proyecto de ley que pretende regular lo regulado, respecto al derecho a réplica en materia de comunicación social, constituye, sin lugar a dudas, parte de un plan sedicioso con el propósito de controlar cualquiera expresión del pensamiento en la sociedad panameña.
Ese plan, elaborado por un régimen totalitario, se comenzó a demostrar desde el momento en que se prohibió divulgar las actas del Consejo de Gabinete y las acciones para el desmantelamiento de los sindicatos obreros, que tuvo su punto más álgido en la represión contra los trabajadores en las fincas bananeras, en la provincia de Bocas del Toro.
Desmantelar los sindicatos, creando grupos amarillos y desmontando liderazgos, fueron otros pasos dirigidos, evidentemente, a someter la voz del trabajador frente a los pronunciamientos de un gobierno que sin ningún desparpajo vocifera que es totalitariamente empresarial.
Los sindicatos y otras agrupaciones de ciudadanos panameños, con excepción de los partidos políticos, prácticamente adocenados, han estado maniatados por el actual gobierno, que ilegalmente secuestró dineros que entregan los obreros y empleados al fondo del cinco por ciento creado para garantizar la educación sindical.
Hábilmente, desde el Ministerio de Trabajo, han sido manipulados los derechos de los diversos gremios de trabajadores para que mengüen sus declaraciones públicas y paralicen sus manifestaciones.
En ese mismo plan de aspiraciones totalitarias se proponen otras medidas que coartan el derecho a huelga, como las organizadas por los profesionales de la enseñanza y mas reciente las que están dirigidas a mediatizar las protestas e imponer condenas de años de cárcel a quienes se cubran el rostro con capuchas en una manifestación pública.
Control, control, control. Ese es el manifiesto propuesto por el actual gobierno. Mientras, se miente cínicamente con informes de avances rn las reparaciones de las escuelas. El oficialismo pretende construir una villa diplomática millonaria de espaldas pueblo, y ha suscrito acuerdos que permiten la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, violando de esa forma todos los tratados de neutralidad en pleno ambiente de guerra.
El gobierno dobla la cerviz cuando acepta pertenecer a un supuesto y cautivo “Escudo de las Américas,” bajo el falso argumento de que los panameños compraron el Canal de Panamá por el precio de un dólar. Lo que se ha hecho hasta ahora, con abrazar el libreto antinacional, es burlarse del sacrificio de los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964.
Hay que recordar que, desde un principio, el actual presidente de Panamá presumió convertirse en un dictador tropical centroamericano.
