Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Debido a la expulsión de Panamá del universalmente conocido dirigente sindical Marcelo Di Stefano, quien participaría en una reunión internacional de la OIT, sobre el fortalecimiento del sindicalismo, diversas organizaciones de trabajadores en el ámbito mundial se han manifestado sobre ese hecho sin precedentes.
La actitud hostil de las autoridades panameñas contra el ilustre visitante reveló la persecución del gobierno del presidente José Raúl Mulino contra el movimiento sindical y social.
Entre las manifestaciones de repudio al agravio cometido se destaca la voz enérgica de la dirigente sindical Claudia Olivera Sule, quien participa en las reuniones de la OIT en Panamá.
Olivera Sule presentó la denuncia en un encuentro con dirigentes de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), a nombre de la Internacional de los Servidores Públicos (ISP).
La dirigente sindical transmitió la indignación de su organización por la inconcebible retención, durante más de diete horas, del Doctor Marcelo Di Stefano, antes de ser deportado de este país.
Di Stefano es docente universitario argentino, reconocido mundialmente como secretario del Fortalecimiento y Organización Sindical de las Américas, que reúne a mas de 55 millones de afiliados en las centrales sindicales desde Canadá hasta la tierra del fuego.
Fue expulsado de Panamá sin haber recibido ninguna argumentación, según consta en los informes de la Internacional de Servidores Públicos. Por ello, Olivera Sule calificó el hecho como un “acto antidemocrático que afecta a la ISP y a la libertad sindical en Panamá, lo que merma totalmente el diálogo social”.
El Comité de Libertad Sindical de la de la OIT ha subrayado que los Estados no pueden establecer medidas directas o indirectas que obstaculicen el ejercicio sindical.
Activistas de la FENASEP reconocieron que la expulsión de Di Stefano no es un caso aislado, ya que sucede en un contexto de crisis en momentos, en que se están violando sistemáticamente los derechos humanos en Panamá, en perjuicio de la clase trabajadora.
La ISP condenó enérgicamente la negativa del ingreso de Di Stefano a este país y exigió explicaciones al gobierno de Mulino.
En ese sentido, Olivera Sule remarcó que “la libertad sindical no es negociable”.
