Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Las ofensivas declaraciones del presidente panameño, José Raúl Mulino, realizadas en noviembre de 2025 en un escenario oficial en Costa Rica, son alarmantes y representan una afrenta directa a los principios fundamentales de la democracia en Panamá.
En un hecho insólito, Mulino confesó públicamente que amenazó a los magistrados del Tribunal Electoral (TE), con “prender el país por las cuatro esquinas” si se le impedía la postulación a la Presidencia de la República en los comicios generales de 2024, al no haber sido escogido previamente como candidato por una convención de su partido político, como obliga la ley vigente.
Con esa confesión, formulada en territorio extranjero, el mandatario panameño dejó al descubierto una peligrosa concepción autoritaria del poder, al margen de la Constitución de la República.
Esa retórica no fue un simple exabrupto. Sin duda, fue una declaración de guerra contra la independencia de los poderes del Estado. Aunque en apariencia no haya sido materializada esa amenaza, lo cierto es que el mensaje irrespetuoso del actual mandatario estuvo dirigido a intimidar y condicionar al árbitro electoral.
Mulino no hizo esas declaraciones en privado ni en un contexto informal. Las pronunció pública y calculadamente durante una visita oficial a Costa Rica, en presencia del presidente de ese país, Rodrigo Chaves, justo después de recibir una condecoración. El mensaje fue claro: si el TE, que se encuentra imbuido en una serie de reformas, no avala sus condiciones para el próximo período presidencial, el mandatario mencionado por actos hostiles contra un Órgano del Estado estaría dispuesto a provocar una crisis política nacional de graves consecuencias.
En una democracia funcional, los poderes del Estado deben operar con independencia y sin temor a represalias. La amenaza de “prender el país” no es una metáfora política. Esas declaraciones deben ser interpretadas como una forma de chantaje institucional que pone en riesgo la estabilidad del país y la credibilidad de sus procesos electorales.
La historia latinoamericana está plagada de ejemplos en los que los líderes populistas han utilizado el poder para presionar o deslegitimar a instituciones que les incomodan. La administración autoritaria de Alberto Fujimor,i en Perú, es un ejemplo de ello. El patrón es claro: primero se cuestiona a los sectores democráticos, luego se los somete o se los reemplaza. El poder se impone por la fuerza o la intimidación, no por el respeto a la ley.
La respuesta del TE fue insuficiente. Si bien expresó su “desacuerdo” con las palabras del presidente y defendió su actuación, el país necesita más que comunicados institucionales. Necesita un frente común y permanente en defensa de la democracia. Los actores políticos, sociales y ciudadanos en general deben rechazar contundentemente cualquier intento de presión o manipulación.
La democracia no es un juego de voluntades personales ni un campo de batalla para egos desbordados. Es un sistema basado en el respeto a las reglas, a las instituciones y, sobre todo, a la voluntad popular expresada en condiciones de equidad y legalidad. Cuando un candidato a presidente sugiere que el país puede arder si no se le permite competir, no está defendiendo su derecho. Simplemente, está chantajeando al sistema.
Las amenazas de Mulino deben ser condenadas sin ambigüedades. No se trata de una estrategia política, sino de una señal de alerta para los ciudadanos y las ciudadanas.Si se permite que el poder se ejercido desde la intimidación, pronto estaremos discutiendo no quién debe gobernar, sino si aún vivimos en una democracia en Panamá.
