Por Coral Davenport
Reportando desde Washington
Russell Vought pasó años elaborando planes para aumentar el poder del presidente y reducir la burocracia federal. Ahora está más cerca de hacer realidad esa visión.
Esta primavera, Russell Vought, director de presupuestos de la Casa Blanca, estaba preparando la propuesta presupuestaria para 2026 del gobierno de Donald Trump cuando su personal recibió una noticia sorprendente: el equipo de reducción de costos de Elon Musk estaba suprimiendo unilateralmente partidas que Vought tenía intención de mantener.
Vought, un nerd de los números que rara vez levanta la voz, apenas pudo contener su frustración y dijo a sus colegas que se sentía marginado y limitado por el caos aleatorio del Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirigía Musk, según seis personas conocedoras de sus comentarios que, como otros entrevistados para este artículo, hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
“Vamos a dejar que el DOGE rompa cosas, y recogeremos los pedazos más tarde”, dijo Vought a su personal en un momento de irritación, según tres de esas personas. La portavoz de Vought, Rachel Cauley, negó que hiciera esos comentarios y que se sintiera frustrado por Musk.
Este no había sido el plan de Vought.
Vought, quien también dirigió la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por su sigla en inglés) de la Casa Blanca en el primer mandato del presidente Trump, había pasado cuatro años exiliado del poder. Durante la presidencia de Joe Biden trabajó desde una vieja casa cerca del Capitolio, donde se quejaba de las palomas que infestaban su techo y coordinaba con otros leales a Trump para elaborar planes amplios y detallados para su regreso.
Había analizado cuidadosamente los errores del primer mandato. Y había trazado los pasos para alcanzar el ansiado objetivo conservador de un presidente con una autoridad drásticamente ampliada sobre el poder ejecutivo, incluida la potestad de recortar gastos, despedir empleados, controlar agencias independientes y desregular la economía.
Musk, quien gastó más de 250 millones de dólares para ayudar a la elección de Trump, tenía fama, acceso al presidente y un capital político que el director de presupuesto nunca podría aspirar a tener.
Pero Vought (que se pronuncia como la palabra en inglés “vote”, que significa votar) contaba con algo que Musk no tenía: había hecho su tarea.
El ultimátum sigue a una serie de logros de Vought.
Este verano, presionó a los legisladores para que promulgaran su plan de cancelar 9000 millones de dólares para ayuda exterior y radiodifusión pública que habían aprobado previamente, un gesto inusual de sumisión del Congreso hacia la Casa Blanca. La nueva ley supuso otro premio para los conservadores: la muerte de la Corporación para la Difusión Pública. Y un acuerdo de Vought con los republicanos de la Cámara de Representantes ayudó a garantizar la aprobación de la ley de política interior de Trump, que recortó drásticamente el gasto en Medicaid y cupones de alimentos.
Ha encabezado una campaña para eliminar cientos de normativas sobre medio ambiente, salud, transporte y seguridad alimentaria y laboral, y en una reunión de gabinete realizada en agosto dijo a Trump que sus esfuerzos se habían traducido en 245 iniciativas desreguladoras este año. Ha hecho valer el poder de la Casa Blanca sobre organismos independientes como la Reserva Federal, defendiendo una orden ejecutiva que les obligaba a someter sus acciones reguladoras a la aprobación de su oficina.
Como director en funciones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la agencia encargada de hacer cumplir las normas para proteger a los ciudadanos de las prácticas financieras depredadoras, detuvo casi todo el trabajo de la agencia y trató de despedir al 90 por ciento de su personal.
En el centro de la estrategia de Vought, según sus asociados, está la intención de provocar de manera deliberada una batalla legal sobre el poder del Congreso para decidir cómo se gasta el dinero del gobierno, creando potencialmente un nuevo precedente legal para que el presidente bloquee el gasto en cualquier programa y política que le desagrade.
El siguiente paso en la lucha es una maniobra legalmente inédita en la que el gobierno de Trump cancelaría otros 4.900 millones de dólares en gastos de ayuda exterior, esta vez sin la aprobación del Congreso. La táctica, conocida como “rescisión de bolsillo”, consiste en que la Casa Blanca elimine el gasto a menos que el Congreso vote para detenerlo antes del 30 de septiembre, fecha en que finaliza el año fiscal.
La amenaza ha enfurecido a muchos legisladores, incluidos algunos republicanos: la senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones, la calificó de ilegal. Pero a medida que se ha ido acercando la fecha límite, no han hecho nada para impedirlo. Según sus colaboradores, Vought confía en que la Casa Blanca gane una batalla en la Corte Suprema sobre las medidas para detener el gasto.
“Está alineando los tiros de billar, colocando cada bola en su sitio, una a una, para cada jugada consecutiva”, dijo Grover Norquist, activista contra los impuestos.
Para los líderes del movimiento “Make America Great Again” (“Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo”) de Trump, Vought es considerado el arquitecto disciplinado que canalizó la pasión del MAGA en un proyecto político procesable. El activista asesinado Charlie Kirk, cuyo pódcast era uno de los muchos en los que Vought compartía regularmente sus puntos de vista con la base republicana, llamó a Vought “una absoluta estrella de rock”.
Para muchos juristas, el trabajo de Vought es una amenaza para los fundamentos de la democracia.
“Una de las principales fuentes de poder que tiene el Congreso sobre el poder ejecutivo es el presupuesto”, dijo Eloise Pasachoff, profesora de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Si el poder ejecutivo no está controlado por el poder del presupuesto, entonces es muy poco lo que controlará al presidente”.
Y añadió: “Es un desafío fundamental para la libertad de cada persona en Estados Unidos”.
Vought, quien declinó ser entrevistado a través de su portavoz, lo ve de otro modo. En un discurso pronunciado a principios de mes, dijo que su misión consistía en poner en regla a una burocracia federal no elegida a la que comparó con un “cártel que trabaja a puerta cerrada”.
“Nos hemos embarcado en la deconstrucción de este Estado administrativo”, dijo. “Paso a paso, se trata de avanzar rápidamente, intentando pensar en lo que habrían hecho los fundadores en estas circunstancias, y ser agresivos”.
A lo largo de los años, Vought ha dejado claro cómo ve sus objetivos. Ha dicho que el Departamento de Educación promueve propaganda de la “decadencia woke” como “preparar a menores para la llamada transición de género”. Que la Reserva Federal “lleva décadas equivocándose”. Que el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional “avergüenzan activamente a Estados Unidos”. Que el Servicio de Impuestos Internos va tras “familias con dificultades en un esfuerzo cobarde por sostener la amplia agenda progresista radical de la burocracia”. Y, en un comentario que indignó a muchos en Washington, captado en video y descubierto por ProPublica, dijo que quería que los empleados federales estuvieran ”en trauma”.
Una vez que el director de presupuestos tiene el poder de matar de hambre a esos organismos gubernamentales, ha dicho Vought, pueden marchitarse. “Queremos asegurarnos de que la burocracia no pueda reconstituirse más tarde en futuros gobiernos”, dijo en el pódcast de Kirk.
