Defensa de Rousseff: Si no hay acción dolosa el juicio político es un golpe de Estado

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Defensa de Rousseff: Si no hay acción dolosa el juicio político es un golpe de Estado

La defensa de Dilma Rousseff expone los motivos que desvinculan a la mandataria de delitos políticos.

TeleSUR

La defensa de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expuso los argumentos y pruebas que desvinculan a la mandataria de los delitos que se le acusan.

El abogado de la presidenta Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, afirmó este lunes que si no hay una acción dolosa, el juicio político es un golpe de Estado.

La Constitución de ese país establece que mientras no haya sentencia el presidente o presidenta no puede ir preso.

Ante la Cámara de Diputados, el abogado de la mandataria destacó que no se trata de un favor, es una garantía del Estado, del Gobierno.

Cardozo indicó que solo el Tribunal Supremo puede juzgar al presidente de la República.

El abogado defensor señaló que el sistema de Gobierno de Brasil es el presidencialismo, en el que no existe el juicio político “a menos que sea una situación muy grave”, un caso excepcional.

Cardozo resaltó que para que abrir un proceso de juicio político la Constitución indica que debe haber un crimen de responsabilidad del presidente que atente contra la Carta Magna. “Si no lo hay, un hecho de crimen, en el sistema de presidencialismo en un Estado democrático de derecho no se puede hacer un juicio político”.

En este sentido, explicó que el texto constitucional deja claro que los actos que se toman como crímenes en torno al presidente, son actos cometidos por este directamente, es decir, que los crímenes administrativos no califican para un juicio político.

“Para que exista un crimen de responsabilidad hay que tipificar legalmente. No hay crimen sin previa ley o un antecedente legal, (por lo tanto esto) significa que el hecho de juicio político no se puede ejecutar sin ley previa”, detalló Cardozo.

Insistió que se necesita tener ley tipificada sobre un delito para que exista la sanción.

“Como amante de la democracia la Constitución debe ser respetada” dijo Cardozo y argumentó que “no existe un proceso de juicio político que pueda pasar sus límites de denuncia”.

Cardozo cuestionó el hecho que se buscan recursos retóricos para fundamentar el juicio político, al tiempo que determinó que un golpe de Estado traería la ruptura de la Constitución y dañaría al país.

“Si la Constitución se rompe no hay legitimidad interna”, dijo la defensa de la presidenta.

Reflexionó que hay que pensar en la historia, en los compromisos institucionales. Si no se replantea esto, los brasileños atravesarían graves consecuencias económicas, políticas y jurídicas.

En ese orden, este proceso tiene que tener una conceptualización previa.

Parte del alegato también señala que los decretos de crédito extraordinario, publicados el año pasado sin la autorización del Congreso, cumplen con los requisitos de la Ley de Presupuesto de 2015.

Requerimiento de nulidad del juicio político

Entre las preliminares de la defensa, Cardozo solicitó la nulidad del proceso para llevar a cabo el juicio político. Explicó que no presentan acusaciones “penales”, sino jurídico-político, por eso es nulo.

“Dirán, es un proceso político, (pero) no, es un proceso diferente, es jurídico y político”, reiteró Cardozo.

La parte defensora de la presidenta Dilma Rousseff expuso ante la comisión especial de la Cámara de Diputados, en un periodo de 30 minutos, las pruebas y alegatos que desvinculan a la mandataria de los delitos que se le imputan, tales como: incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, algo que la legislación prohíbe.

Barbosa: Acusaciones a Rousseff sólo buscan derrocar a su Gobierno.

Para que la interpelación avance, el plenario de la Cámara de Diputados deberá lograr el respaldo de 342 de los 513 miembros del cuerpo. Sin embargo, a juicio del sublíder de la bancada del Gobierno en esa instancia, Henrique Fontana (Partido de los Trabajadores), esto será difícil alcanzar.

Dentro del legislativo hay indicios bastante sólidos de que la oposición no conseguirá los votos necesarios para seguir adelante con el proceso, expresó el pasado viernes Fontana, poco después de que el ministro de Hacienda Nelson Barbosa y el jurista Ricardo Lodi Ribeiro expusieran sus puntos de vista ante la comisión especial.

Tras la presentación de la defensa, el Comité evaluará la decisión en un lapso de cinco días y la votación final que determinará el futuro de Rousseff, será el 11 de abril.

En contexto

El pueblo brasileño se ha activado en diversas movilizaciones en “defensa de la democracia”, no solo en apoyo a la actual presidenta de Brasil, sino al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también se enfrenta a la posibilidad de que se le realice un juicio político por supuestos casos de corrupción.

El periódico digital Brasil 247 denunció la víspera que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, maniobra para realizar la votación en el plenario el domingo 17 de abril.

Cunha estaría planificando ejercer su voto, contrario a lo que establece el reglamento de la Cámara baja, que estipula que el titular vota solo en elecciones secretas o para desempatar votaciones abiertas, una posibilidad que no existe en el caso del julio político.

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