Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Economistas, dirigentes sindicales y activistas de los movimientos sociales coincidieron en exigir la aplicación de un salario mínimo único y justo, y trabajo decente, para combatir con éxito la grave desigualdad que impera en Panamá.
El planteamiento fue sustentado durante un foro convocado en la Universidad de Panamá por las Organizaciones Sindicales Independientes (OIR), enfocadas en reclamar justicia laboral en este país, agobiado por una deuda pública alcanzó en 2025 cerca de los 60.000 millones de dólares.
El serio desafío en materia de empleo fue analizado por un panel integrado por la asesora económica y docente Ana Patiño, Nelva Reyes, de la Comisión de Salario Mínimo 2023, el exministro de Trabajo Luis Alberto Carles (2014-2019), Eduardo Gil, líder sindical incorporado a la Comisión de Salario Mínimo (2015, 2019 y 2023), y Alexis Pineda, de la Comisión de Salario Mínimo (2025).
Patiño planteó calificó de ficticio el aumento salarial de 8,0 por ciento, anunciado en 2026 por el gobierno, y aclaró que en Panamá, donde persiste la desigualdad, hay más de 30 actividades económicas con salarios mínimos diferenciados, que varían según región, empresa, ocupación u oficio.
Aclaró que el salario mínimo promedio, de 638 dólares mensuales, se sitúa debajo del gasto total de los hogares y obliga a los trabajadores a destinar sus ingresos económicos a la subsistencia, sin capacidad de ahorro, lo que impide invertir en salud, educación y vivienda.
Adujo que la desproporción entre el capital y la remuneración en el Producto Interno Bruto (PIB) provoca que los trabajadores participen menos en el crecimiento económico. De hecho, los datos oficiales confirman una distribución regresiva del ingreso y una disminución de la movilidad social.
El exministro Carles reconoció que al crecer los salarios por debajo de la inflación acumulada anual, se afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, cuya calidad de vida ha ido en declive pese a que el aumento del PIB acumulado en 2025 fue estimado entre el 4,0% y 4,36%.
Carles insistió en cambiar la balanza a favor de las fuerzas productiva y las pequeñas empresas y pidió sustituir el inadecuado sistema de calculo del salario mínimo (por regiones), por un modelo de equidad que promueva el bienestar colectivo y el desarrollo humano y tecnológico.
En ese sentido, sostuvo que es incongruente con la realidad que un técnico recién graduado perciba salarios mínimos diferentes al pasar de una provincia a otra, aunque realice las mismas funciones para las que fue contratado por los patronos.
Al respecto, Eduardo Gil, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), resaltó que, en efecto, Panamá carece de una metodología científica para determinarlo el salario mínimo y que a lo largo de los años se ha impuesto un criterio mezquino en las mesas tripartitas, lo que ha golpeado a la clase trabajadora y ha dejado una deuda social que debe ser redimida y remediada.
Gil advirtió que los obreros deben prepararse a través de la organización para salvaguardar sus principios de lucha y rechazar el modelo retrógrado de reforma laboral implantado en Argentina por el presidente Javier Milei, y que se perfila cono una receta destructiva de derechos, leyes y conquistas sociales en los países de América Latina y el Caribe.
Por su parte, Nelva Reyes, dirigente de la Central General Autónoma de Trabajadores (CGTP), planteó que los trabajadores panameños han recibido ”migajas” de una economía en crecimiento, como lo revelan las cifras económicas e informes oficiales que adolecen de actualización. Por ello, afirmó que es necesario ventilar al mismo tiempo los salarios, la inequidad y la realidad socioeconómica.
Sostuvo que Panamá presenta una profunda desigualdad estructural y se ubica como uno de los países más desiguales de América Latina (coeficiente de Gini de aproximadamente 0,49 – 0,51), un asunto que preocupa a la Organización Internacional Trabajo (OIT) y diversas agencias internacionales especializadas.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aunque la economía ha crecido, persisten marcadas brechas territoriales, con pobreza concentrada en áreas indígenas y rurales, donde supera el 75%, frente a cifras de un solo dígito en zonas urbanas de este país.
Pineda calificó de “traición” la actitud subordinada de algunos activistas sindicales que pactaron con el Órgano Ejecutivo, de espaldas a los trabajadores. En respuesta a esa situación abogó por el desarrollo de una conciencia laboral fuerte y mecanismos de movilización a favor de un salario mínimo digno, que resuelva los desfases y los rezagos históricos y asegure la efectiva justicia laboral.
