Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Con la reciente elección de un nuevo “Defensor del Pueblo” se concluye que es impresionante la habilidad que tienen los políticos y los círculos de poder para aprovecharse y tirar a la basura proyectos que tienen en su concepto original un “bona fide” a favor de la sociedad panameña.
En la Defensoría del Pueblo se ha repetido lo mismo que con el programa de los jueces de paz, hoy reducidos a su mínima expresión, y hasta se puede comparar con la Caja de Pandora descubierta a raíz del reciente gran incendio que estalló debajo del Puente de las Américas, contiguo al Canal de Panamá.
La Defensoría del Pueblo, nacida de una noble experiencia internacional, fue promovida especialmente por sus primeros representantes, desde 1997, por los juristas Ítalo Antinori Bolaños y Juan Antonio Tejada hasta 2006, cuando se descubrió la ventaja política y burocrática de elegir a un defensor del pueblo quien, como Liborio García, tuvo que ser destituido, no sólo por su mal desempeño, sino por conflicto de intereses al no renunciar formalmente a las sociedades anónimas a las cuales pertenecía.
Sucedieron otros Defensores del Pueblo incoloros, hasta que llegó con mucha algarabía Patria Portugal, quien fue destituida por peculado mientras ejercía ese cargo público vinculado a la defensa de los ciudadanos.
Un Defensor del Pueblo fue destituido por denuncias de acoso sexual. El más reciente director al frente de esa oficina hizo todo lo posible para reelegirse en el cargo, ignorando los fuertes intereses que apoyaban a una determinada candidata. El ”matraqueo* político la ungió y la dama está a punto de tomar posesión.
Como opinó un destacado miembro del foro nacional, “de entre miles de abogados en el país, muchos de ellos comiéndose un cable (en situación de pobreza), se eligió Defensor del Pueblo a un personaje cuyo asiento en la Corte Suprema de Justicia todavía está caliente, a la cual perteneció por diez años, como si no hubiera más abogados en el país”.
Ese resultado en la selección de una nueva Defensora del Pueblo no augura buenas perspectivas para lo que en un tiempo llamábamos ”ombudsman”. Hoy se juegan muchos intereses que presionan sobre las decisiones judiciales al más alto nivel, como los juicios sobre radares, para detectar narcotraficantes, “lavado de dinero” de cuello blanco y hasta decisiones del Tribunal Electoral para elegir a un candidato a presidente.
Sin duda, el ejercicio del derecho a favor del pueblo está en juego en Panamá.
