Bayano digital reproduce en esta sección el texto del pronunciamiento aprobado y emitido por la totalidad de los delegados participantes en el X Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), realizado en Honduras.
04 y 05 de noviembre, 2025 – Tela, Atlántida, Honduras
Desde casi una década, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería ha caminado junto a comunidades en resistencia ante los impactos de la industria minera, tejiendo redes de solidaridad frente al avance de modelos extractivos que promueven el despojo de nuestros bienes naturales. En ese andar hemos denunciado la destrucción de la biodiversidad, el desplazamiento de la población, la violación de derechos humanos y la criminalización de defensores y defensoras de la tierra y el territorio que se generan a partir de las operaciones mineras. Además, hemos planteado la urgencia de construir modelos alternativos de desarrollo donde los pueblos puedan elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países.
A pesar de las denuncias y la conflictividad social generada por estos proyectos extractivos, los gobiernos de la región siguen consolidando modelos políticos autoritarios que garantizan el despojo para grandes corporaciones multinacionales.
Guatemala atraviesa una profunda crisis democrática marcada por la corrupción, el autoritarismo y la exclusión de amplios sectores sociales. El gobierno actual llegó al poder en medio del rechazo hacia el llamado “pacto de corruptos”, que tenía capturado el gobierno. Aunque el presidente Bernardo Arévalo fue elegido como el símbolo de una “segunda primavera democrática”, su gobierno carece de base territorial, representación legislativa e inclusión indígena, mientras su gabinete —formado mayoritariamente por jóvenes urbanos— no refleja a las comunidades indígenas y campesinas quienes hicieron posible su victoria. La lucha por la defensa de la tierra continúa estando al centro del conflicto y a pesar que no ha habido nuevos permisos mineros, las corporaciones con permisos vigentes siguen operando con impunidad. Esto se refleja en que continúan los desalojos violentos contra comunidades indígenas y campesinas.
Panamá en el 2023, miles de ciudadanos salieron a las calles para rechazar un contrato minero aprobado en menos de 36 horas, que violaba 25 artículos de la Constitución. Dicho contrato, redactado por poderosos bufetes de abogados, fue percibido como una nueva forma de saqueo del país. También se realizaron protestas en 2024 y 2025 por demandas como: cambio a la ley de la caja de seguros social, la reapertura de la minera FQM y el embalse del rio indio. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido la criminalización de los manifestantes, persecución y ataques contra el sindicalismo y al Sindicato Único de Trabajadores la Construcción, la destitución de docentes y una ola de violencia que dejó asesinatos y heridos, evidenciando el deterioro de la democracia y el uso del aparato judicial para reprimir la disidencia y la resistencia. Pese a este panorama, el pueblo panameño logro derogar el contrato minero y forzar al sistema político a implementar una moratoria minera que se mantiene hasta la fecha a pesar de los intentos del gobierno y las empresas de reiniciar la actividad minera.
El Salvador: Desde la llegada de Nayib Bukele al gobierno en 2019, el país ha transitado hacia un régimen de excepción permanente, bajo el cual miles de personas han sido detenidas sin debido proceso, incluyendo defensores de derechos humanos y ambientalistas. Casos como el de los cinco líderes de Santa Marta, la detención de la abogada Ruth López y del jurista Alejandro Henríquez, reflejan el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política. Con la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2025, busca controlar y desmantelar organizaciones sociales y comunitarias que históricamente han presentado resistencia ante los impactos del extractivismo. Al mismo tiempo, se ha reabierto la puerta a la explotación minera metálica, prohibida desde 2017, lo que representa un grave retroceso ambiental y social.
Honduras enfrenta una crisis institucional profunda, marcada por un sistema político fragmentado y controlado por un tripartidismo que paraliza y partiriza las principales instituciones públicas. La conflictividad socio ambiental es un eje central de la crisis hondureña y se expresa en proyectos de hidroeléctricas, minería y explotación de petróleo sin consulta ni respeto a los territorios indígenas y comunidades locales, a pesar de sentencias internacionales y decretos que protegen áreas ambientales y tierras colectivas. Los defensores del medio ambiente y líderes comunitarios, como los pueblos garífunas y organizaciones territoriales enfrentan criminalización, amenazas y violencia, mientras el Estado no garantiza su seguridad ni la protección de sus derechos. La impunidad en casos emblemáticos, como el asesinato de Juan López, Berta Cáceres y otros ambientalistas, refleja la conexión entre crimen organizado, corrupción y política.
En el corazón de la costa norte de Honduras, en la Bahía de Tela y Trujillo, las comunidades garífunas enfrentan una creciente ola de despojo territorial, desplazamiento forzado, racismo estructural y violencia sistemática bajo la fachada del desarrollo turístico y de megaproyectos.
Acuerpamos los procesos de recuperación territorial y acciones que reivindican sus derechos colectivos ancestrales y refuerzan su identidad cultural, desde la rebeldía garífuna y el compromiso de la OFRENEH nos inspiran a seguir en la lucha por una Centroamérica libre de extractivismo.
Por lo anterior, las comunidades, organizaciones y movimientos que formamos parte de la articulación de ACAFREMIN exigimos.
• Que el gobierno de Honduras tome medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo garífuna.
• A los gobiernos de la región Centroamericana que de manera urgente ordenen a los ministerios de ambiente a realizar una evaluación ambiental estratégica por país, a efecto de analizar el estado de situación de los bienes comunes esenciales para la vida – El agua, el aire, el suelo- y la biodiversidad del territorio centroamericano e iniciar un manejo racional de nuestro territorio en aras de beneficiar al pueblo.
• Que los gobiernos respeten e implementen los convenios internacionales firmados y ratificados en materia de protección a los derechos humanos de los pueblos centroamericanos en especial los derechos de acceso a la información y la consulta libre, previa e informada.
• Que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para garantizar el respeto a los derechos de acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia y la protección a los defensores y defensoras del ambiente.
• A las resistencias y movimientos sociales de la región Centroamericana, a continuar la lucha en contra de la minería metálica, en defensa del territorio y los bienes naturales, el agua, la vida, la biodiversidad, en resguardo del patrimonio natural para las futuras generaciones.
¡Impunidad ambiental, nunca más!
¡Empresas mineras, fuera de nuestras fronteras!
