Por Salud Hernández-Mora | Bogotá
El Mundo
La juez Sandra Heredia le declaró culpable de fraude procesal y soborno a testigos, en una lectura de fallo que se prolongó durante nueve horas
Álvaro Uribe sufrió una fuerte derrota en el juicio más polémico y trascendente de la historia reciente de Colombia. Sus demandantes y acérrimos enemigos, el senador Iván Cepeda y el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le ganaron la partida.
La juez Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 de conocimiento de Bogotá, le declaró culpable de fraude procesal y soborno a testigos, en una lectura de fallo que se prolongó durante nueve horas, tuvo lugar en los juzgados de Paloquemao del centro de la capital, fue transmitida en directo.
La juez inició su intervención respondiendo a las presiones que recibió en los últimos días y pidió respeto para ella, la independencia del sistema judicial y la sentencia. «No será una victoria de nadie ni una derrota», sino «la resolución de una controversia procesal», manifestó. También dedicó elogios a Uribe por su actitud serena a lo largo de las audiencias, para pasar a continuación a desechar los argumentos de su defensa, tales como la falta de credibilidad de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella.
Para ella, sin embargo, se trata un preso sincero y «valiente» capaz de enfrentarse no solo a quien fuera «el hijo del patrón» (Óscar Monsalve fue capataz de una finca de los Uribe) y un personaje poderoso en el país y en el extranjero, sino a su propio progenitor y a su hermano. Los dos le desmintieron en el juicio, pero Heredia no les creyó.
Así mismo, alabó la labor del senador Cepeda al visitar las cárceles con motivos puramente humanitarios y no con el propósito de recabar declaraciones falaces contra Uribe, como sostienen los letrados del expresidente. Y si ayudó a Monsalve, lo hizo, según la juez, con él único interés de mejorar sus condiciones carcelarias en su papel de defensor de derechos humanos.
Había arrancado su intervención abordando la validez de dos pruebas esenciales, uno de los aspectos álgidos del proceso, que los abogados defensores habían pedido excluir del expediente por considerar que fueron realizadas de manera irregular y vulneran el principio de confidencialidad entre abogado y cliente.
Empezó por las interceptaciones telefónicas al móvil Álvaro Uribe durante casi un mes, sin orden judicial, en 2018 (metieron el número de Uribe «por error» en la investigación de otra persona), así como otras en donde habla con Diego Cadena, letrado que solo utilizó para recabar testimonios de reclusos.
«Una vez revisado los elementos de prueba, este despacho ratifica lo aprobado por la Corte Suprema», que avaló las interceptaciones en su día. En su criterio, el derecho a la intimidad y el pinchazo sin que lo certifique un juez, «no es un derecho absoluto» si tiene el «objetivo buscar pruebas judiciales». Agregó que la defensa consideraba que «debió destruirse la evidencia», solicitud que, adujo, «no tiene otro propósito que desdeñar el hallazgo imprevisto». Para Heredia, la «valoración de los contenidos interceptados revelan indicios claros que una presunta concertación para una conducta punible», por lo que les da plena validación.
También aceptó los relojes espías para grabar conversaciones del abogado Cadena con el testigo Juan Guillermo Monsalve, que la exesposa de este, Deyanira Gómez, introdujo de manera clandestina en la cárcel la Picota. La defensa reclamaba rechazarlos por encontrarse en en mal estado, no contar con autorización oficial, haber sido alterados y no respetarse la cadena de custodia.
De nuevo, la jueza coincidió con la posición de la Fiscalía, que las consideró legítimas cuando solicitó la condena de Uribe. Una persona «que se considera víctima», adujo, queda habilitada para acopiar pruebas y no siempre se requiere respetar el cuidado de los elementos probatorios de manera oficial.
Aunque la condena supone cerrar un capítulo tras catorce años de espera, la guerra entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe está lejos de terminar. Y no solo librarán las siguientes batallas en los altos tribunales, que tendrán que ver el recurso del procesado, también en las redes sociales y en la campaña electoral. Porque más que un proceso judicial ha sido una larga y cruda confrontación política entre la extrema izquierda y del Jefe de Estado, Gustavo Petro, y el presidente más popular e influyente de la historia reciente.
El Pacto Histórico aprovecharán el triunfo para impulsar sus candidaturas a las legislativas y presidenciales del 2026. De paso, la precandidatura de Iván Cepeda subirá muchos enteros por ser la persona que logró la condena del mandatario más denostado por la extrema izquierda.
Por su parte, el Centro Democrático comenzó movilizaciones para reivindicar la inocencia de su líder. Aparte de insistir en que se trata de una persecución política y de un proceso cargado de irregularidades e inconsistencias, destacarán lo paradójico de ver a ex comandantes de las Farc, autores de crímenes de lesa humanidad, en sus escaños, sin haber pisado un día de cárcel, mientras condenan a quien los combatió.
«Colombia presenció un juicio detestable, de politización de la justicia, de un afán inmenso de destruir la verdadera historia del presidente que rescató el país de ser un Estado fallido», le dice a EL MUNDO la senadora y precandidata presidencial del CD, María Fernanda Cabal. «La izquierda creyó que llevando al paredón a Uribe iba a ganar con su mentira. Pero esta jugada le salió mal. Uribe será nuevamente quien ponga presidente».
