Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
Panamá se ha ofrecido como eventual escenario de diálogo entre Estados Unidos y Cuba, a través de un comunicado emitido desde la representación diplomática panameña en las Naciones Unidas, que pudiese ser interpretada, en principio, como una iniciativa de política exterior positiva.
En un escenario internacional caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas, la búsqueda de espacios de entendimiento y la solución pacífica de las controversias es una aspiración legítima y necesaria.
Sin embargo, una iniciativa de esa naturaleza no debería estar acompañada de interpretaciones que reduzcan la complejidad del conflicto entre Washington y La Habana, ni de argumentos que mezclen asuntos bilaterales con controversias de alcance internacional.
La primera imprecisión que genera ese comunicado aparece cuando se presenta el diferendo entre ambos países como una disputa comercial. Esa caracterización resulta insuficiente para explicar una confrontación que trasciende ampliamente las relaciones económicas y comerciales.
Es necesario aclarar que Estados Unidos y Cuba mantienen un conflicto histórico, político, económico e ideológico, cuyo principal instrumento de presión ha sido el bloqueo y el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington desde 1962.
No estamos, por tanto, ante una controversia comercial convencional que pueda resolverse a través de un simple entendimiento sobre intercambio de bienes, servicios o condiciones de mercado. Estamos ante un problema de relaciones internacionales que involucra soberanía, autodeterminación, seguridad, intereses geopolíticos y el alcance de las políticas coercitivas unilaterales.
Reducir esa realidad a una disputa comercial no contribuye a comprender el problema en su verdadera dimensión. Por el contrario, puede terminar desdibujando las causas históricas y políticas que explican la persistencia del conflicto.
Por otra parte, el comunicado hace referencia a siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba por cargos de atentar contra la seguridad pública. Cierto es que la protección de los connacionales es una responsabilidad innegociable del Estado panameño. Su asistencia consular, el respeto a sus derechos fundamentales, las garantías del debido proceso y la transparencia sobre sus respectivas situaciones judiciales deben ser exigencias permanentes de la diplomacia de este país.
No obstante, se trata de un asunto bilateral que debe abordarse a través de los canales diplomáticos y jurídicos correspondientes. La situación de esos ciudadanos no debería confundirse con la posición de Panamá frente a una resolución de Naciones Unidas que reclama el levantamiento de las sanciones estadounidense contra Cuba.
Conviene precisar que la información pública disponible señala que siete ciudadanos panameños permanecen detenidos en la isla por presuntos hechos relacionados con propaganda contra el orden constitucional cubano. Pero, mientras no se conozcan suficientemente las circunstancias individuales, los elementos probatorios y el estado de sus respectivos procesos, sería irresponsable adelantar conclusiones sobre su situación jurídica.
Lo anterior no disminuye la obligación del Gobierno panameño de velar por ellos. Pero tampoco justifica convertir su situación actual en un elemento que pueda interpretarse como condicionante de la posición oficial frente a un problema internacional de otra naturaleza.
La política exterior de un Estado debe mantener coherencia entre sus principios y sus actuaciones. El voto de Panamá en Naciones Unidas debe responder a una valoración del Derecho Internacional, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, no a consideraciones ajenas al objeto de la resolución.
El tercer aspecto tiene que ver con la propia naturaleza de la oferta panameña de mediación.
Panamá tiene condiciones históricas, geográficas y diplomáticas para contribuir a la construcción de espacios de entendimiento. La experiencia acumulada en procesos de negociación y nuestra posición como país de vocación multilateral pueden representar ventajas importantes.
Pero la mediación no se construye únicamente mediante una declaración de disponibilidad. Requiere voluntad de las partes, confianza en el facilitador y una disposición efectiva para establecer una agenda de conversaciones.
¿Estamos ante una iniciativa que responde a una disposición previamente identificada de Washington y La Habana o ante una propuesta unilateral que busca proyectar a Panamá como interlocutor en una controversia que todavía no ha encontrado condiciones para una mediación externa?
No se trata de descalificar la iniciativa, sino de reconocer que el diálogo no puede imponerse ni ser construido artificialmente. Tampoco debe confundirse una oferta de buenos oficios con la existencia de un proceso de negociación.
Panamá debería actuar con prudencia, evitando generar expectativas que no dependen exclusivamente de la voluntad nacional. La diplomacia exige saber ofrecer espacios, pero también comprender cuándo las condiciones políticas permiten que esos espacios sean aprovechados.
Nuestra posición no debería ser interpretada como una defensa de las políticas internas de Cuba. Ese es un asunto que compete a los cubanos. Es perfectamente posible sostener una posición crítica frente a determinados aspectos del sistema político cubano y, al mismo tiempo, rechazar que las diferencias políticas entre Estados justifiquen medidas económicas que afectan a amplios sectores de su población.
De igual manera, es posible exigir a las autoridades cubanas garantías judiciales para los ciudadanos panameños sin utilizar esa situación como un argumento para relativizar el debate internacional sobre el embargo.
La coherencia diplomática consiste, precisamente, en mantener separados los asuntos que tienen naturaleza diferente, sin renunciar a los principios que deben orientar la política exterior panameña.
Panamá no necesita sobredimensionar su papel ni forzar escenarios de mediación para demostrar su vocación de paz. Necesita una diplomacia consistente, autónoma, prudente y fundamentada en el Derecho Internacional.
