(Redacción de Bayano digital)
Un plan para la desestabilización, el aislamiento político y el aumento de las presiones externas contra Cuba ha quedado al descubierto, en medio de filtraciones de documentos que apuntan a la administración del presidente estadounidense Donald Trump y sus lacayos regionales.
Bayano digital obtuvo acceso a documentos que comprueban la radicalización de las ilegales sanciones y la construcción de narrativas falsas para atacar a Cuba y tratar de asfixiar a toda su población, víctima del criminal bloqueo económico impuesto desde hace más de 60 años.
Una de esos intentos desestabilizadores se remonta a junio de 2026, cuando fue realizado en ciudad de Panamá un evento organizado por la ”Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia” (Juventudlac), en forma paralela a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA),.
Un grupo anticubano, reunido en el hotel Miramar, en la ciudad de Panamá, presentó el denominado ”Índice de Gobernabilidad Democrática 2025”, como si fuese una contribución a las libertades en el ámbito hemisférico, en el que persiste la exclusión.
El grupo aludido tuvo el atrevimiento de lanzar la campaña regional ”Memoria y Liberación de Presos Políticos”, junto a los ganadores del Premio Oswaldo Payá, Vida y Libertad”, con una evidente matriz contrarrevolucionaria que lesiona los intentos de cooperación e integración regional.
La premiación fue organizada por Rosa María Payá, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien cuenta con el apoyo directo del secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, para intentar desprestigiar al gobierno cubano y restarle apoyo internacional.
Payá ha alegado que su padre fue víctima de un supuesto homicidio, pero no ha presentado prueba alguna de ese lamentable hecho, convertido en el centro de una campaña propagandista anticubana. Toda la evidencia disponible sobre ese caso apunta a un accidente de tránsito, del que los familiares del difunto han intentado sacar provecho político.
Las presiones de Washington contra Cuba inspiraron el lanzamiento del ”Índice de Gobernabilidad Democrática 2025”. Sin embargo, el balance de esa iniciativa reveló un absoluto fiasco, ya que está fundamentada en encuestas a no más de 60 personas por país, con elementos contradictorios en la publicitada consulta pública.
El documento presentado por el organismo de marras también formuló críticas contra el gobierno del país anfitrión, por reprimir a movimientos sociales y perseguir a disidentes políticos.
Como si ello fuese poco en la suma de desaciertos, un día después de la presentación de la encuesta, la cubana Carolina Borrero arremetió contra el gobierno panameño en un evento diseñado para exponer la realidad de la denominada sociedad civil y un acuerdo de liberación impulsado por José Javier Ferrer y Rosa María Payá.
La reunión, en la que Payá estuvo ausente, tenía el objetivo de convencer al auditorio de que el documento presentado reflejaba la opinión de una ”sociedad civil cubana independiente”. Pese a ello, el informe quedó reducido a un pésimo mamotreto contra Cuba, elaborado con auxilio de la Inteligencia Artificial (AI) y respuestas subordinadas de sus colaboradores y adláteres.
En el fondo, fue una especie de deshonra y un gesto de desprecio hacia la conmemoración oficial del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el Libertador Simón Bolívar en 1826.
Igual resultado desfavorable obtuvo el proyecto de José Javier Ferrer, identificado como el “Acuerdo de liberación, hoja de ruta y alianzas estratégicas”, firmado en Miami y Madrid por representantes de una 50 organizaciones opositoras y tendenciosas que comulgan con la derecha y sus mecanismos de ejercer presión hegemónica.
El documento fue una propuesta imaginaria e hipotética de ”cubanos libres”, sobre cómo invertir en sectores como Educación y Salud en una Cuba sin revolución, luego de una supuesta debacle política causada por el bloqueo aplicado por Estados Unidos contra la isla caribeña.
En ese enrarecido evento, en el que se respiraba el tufo del anticomunismo, la señorita Barrera intervino para atacar a la ”dictadura cubana, venezolana y nicaragüense”, y al gobierno panameño, de ser presuntos “cómplices” antidemocráticos. La irreverente dama adujo que hubo ”complicidad” de Panamá al auspiciar las cuentas bancarias de GAESA, CIMEX, y patrocinar las visitas locales emprendidas por Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Obviamente, esas ofensivas, temerarias e irritantes afirmaciones foráneas no podían quedar sin respuesta oficial. Fue así que Enrique de Obarrio, representante del gobierno panameño, refutó con indignación los argumentos expuestos y culpó de ese penoso incidente a Micaela Hierro Dori y a Yaxis Cires, con larga vocación anticubana, pero carentes de respeto a la hospitalidad de sus anfitriones.
Payá, instigadora de sanciones inhumanas contra Cuba, prefirió alejarse de ese bochornoso espectáculo que deslució las sesiones en las comisiones de la Asamblea General de la OEA, que estuvieron envenenadas con el veneno de la ”gusanera” radicada en Miami y las amenazas bélicas contra el heroico pueblo cubano.
