Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
En un lugar de Panamá, que pudo haber sido la capital, existió alguna vez una pareja de ciudadanos de distintos orígenes: él, a lo mejor africano, y ella, posiblemente indígena, quienes imaginaron haber nacido en un país europeo o asiático.
En esa imaginación, creyeron vivir dentro de una cultura de mutuo respeto, buenas costumbres y cordialidad entre sus pobladores.
Por ello, emprendieron una campaña para crear la figura de los Jueces de Paz, con el propósito de fomentar una justicia comunitaria en la que las desavenencias pudieran resolverse con un estrechón de manos, un beso en la mejilla y cada cual, por su lado, en son de paz.
No midieron la gran realidad. Tampoco lo hicieron los legisladores y los representantes de corregimientos en la República. De hecho, en algunos municipios, convocaron concursos para ocupar las posiciones de Juez de Paz. Recurrieron a promesas de buenos salarios, pero atinadamente bajo un decreto que les garantizaba el puesto por diez años.
El régimen de jueces de paz colapsó. No porque estuviera fuera de contexto, sino porque pudo más el desmedido afán burocrático de utilizarlo para nombrar a copartidarios y amigos, que las escasas o nulas bondades que ofrecía el sistema adoptado.
Prácticamente, han desaparecido los Jueces de Paz con calidad y eficiencia profesional y se ignora si las mayorías de los reemplazos, tal como era el propósito del legislador, son profesionales del derecho o si poseen alguna experiencia en impartir justicia, junto a sus colaboradores inmediatos, nombrados sin ningún método basado en el mérito en su desempeño.
El clientelismo político se ha impuesto de manera recurrente en los últimos gobiernos. Como consecuencia de ello, pululan funcionarios incapaces de resolver problemas básicos como la falta de agua, calles, carreteras y zarzos, en perjuicio del ciudadano y la gente de a pie.
Y para colmo, hace más de seis meses los jueces de paz reemplazados no han recibido el pago de sus salarios caídos, y menos se les ha respetado la garantía de haber sido nombrados en el cargo por un período legal de diez años.
Mientras tanto, los funcionarios del actual gobierno han tenido la oportunidad de nombrar a personal de apoyo a los nuevos jueces, en un claro testimonio de que el clientelismo político continúa en pleno apogeo. Sin duda, la justicia en Panamá está atrapada en el clientelismo político
