Por Manuel Bermúdez y Agencias / Washington, EEUU
La injerencia directa e ilegal en los procesos electorales, el hostigamiento y amenaza mediante el gigantesco despliegue militar en el Caribe, el asesinato de lancheros con el uso de bombardeos, entre otras acciones, definen la política de la administración Trump hacia América Latina.
El indulto y liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por un tribunal estadunidense a 45 años de cárcel por narcotráfico, contrasta con las declaraciones resientes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que la operación militar en que se ha asesinado al menos a 80 lancheros apenas comienza.
«Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense», dijo Hegseth durante una reunión de gabinete este martes.
«Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante», añadió.
Esta semana se ha instalado una comisión bipartidista del Congreso de EEUU para investigar las acciones y responsabilidades de Hegseth por posibles crímenes de guerra cuando se ordenó rematar a lancheros sobrevivientes de un primer bombardero.
El plan Trump para combatir el narcotráfico pasa de la torpeza e incongruencia a la sospecha.
Las amenazas contra Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, al que se pretende señalar como líder de un cartel de drogas, cuya existencia desmienten los principales organismos de seguridad que combaten el narcotráfico y el crimen organizado en la región desde hace décadas, chocan frontalmente con la decisión de indultar al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por autoridades norteamericanas que pidieron su extradición en 2022.
La fiscalía estadunidense involucró a Hernández y su hermano, así como a otros criminales, en el ingreso de cerca de 500 toneladas de droga a EEUU y logró, mediante pruebas, una condena de 45 años.
No se trata de un caso menor o de una eventual persecución política, sino de un preso condenado por tribunales estadunidenses.
Una nota del New York Times de este martes explica el caso con detalle, lo cual deja la duda de cómo responderá la opinión pública estadunidense frente a tal inconsistencia que pone en duda la veracidad de las intenciones del accionar del gobierno, además de que compromete tanto el despliegue militar en el Caribe como la lucha misma contra el narcotráfico.
Expresidente Zelaya denuncia injerencia
El expresidente hondureño, Manuel Zelaya (2006-2009), coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), acusó hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, de ejercer «injerencia extranjera» en el proceso electoral de Honduras, tras el perdón otorgado al exmandatario hondureño, Hernández (2014-2022) y los mensajes de apoyo a un candidato de la contienda electoral en curso en el país centroamericano, informó la agencia Xinhua.
En su cuenta de la red social X, Zelaya afirmó que el indulto a Hernández, constituye «un golpe electoral» promovido por «el bipartidismo desesperado» de Honduras contra Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, a quien describió como «intachable, honesta, sensible y capaz», añade la agencia.
Zelaya criticó el apoyo de Trump a Asfura, lo que calificó como una «descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera».
Libre, añadió, ha enfrentado «golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución», al asegurar que tales acciones no intimidarán a la organización, agrega Xinhua.
Venezuela
Por otra parte, tras una llamada la semana pasada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que lo conminó a irse de su país, Trump pasó a la sugerir una acción militar inminente, bloqueando el espacio aéreo venezolano.
Según una encuesta de Reuters/Ipsos, sólo el 21% de los encuestados dijo que respaldaba el uso de las fuerzas armadas estadounidenses para destituir a Maduro, mientras que un grupo poco mayor —el 31%— dijo que apoyaría un esfuerzo de Estados Unidos para deshacerse de él a través de medios no militares.
Además apenas un 35% de los encuestados de dijo apoyar el uso de la fuerza militar en Venezuela para reducir el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos.
