Por Yailé Balloqui Bonzón
Revista Bohemia
La ofensiva de Washington hacia América Latina ha escalado hasta un nivel inédito. El gobierno de Donald Trump emplea la categoría de terrorismo como herramienta política y habilita sanciones, operaciones extraterritoriales y presiones directas sobre Venezuela, México y Colombia.
Esta estrategia se sostiene en un vacío legal de la normativa estadounidense, un discurso de confrontación y un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, a donde se movilizó el mayor portaviones de Estados Unidos, un submarino de ataque nuclear y miles de efectivos.
Trump ha interpretado de forma expansiva la legislación interna que regula el combate del terrorismo, apoyándose en la Ley de Emergencia Económica Internacional, que da facultades y permite actuar sin aprobación del Congreso y sin pruebas verificadas.
Esta reinterpretación abre un precedente que redefine a quién puede perseguir la Casa Blanca y qué acciones militares se pueden justificar bajo el paraguas de la seguridad nacional.
Venezuela bajo fuego político y militar
El corazón de la estrategia estadounidense está en Venezuela. Trump ha convertido al presidente Nicolás Maduro en el eje de su narrativa, apoyándose en acusaciones infundadas, ausentes de evidencias.
La Casa Blanca acusa a Maduro de liderar el inexistente “Cártel de los Soles” y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura. Paralelamente, la CIA recibió autorización de operar en territorio venezolano y el Pentágono difundió videos de explosiones en alta mar atribuidas a lanchas del narcotráfico.
Hasta ahora, han muerto 83 personas en 21 ataques cuya ubicación, contexto y vínculos criminales no han sido verificados.
Maduro ha respondido con claridad. Afirma que la campaña estadounidense “busca justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera que es la principal reserva del crudo y la cuarta reserva de gas del mundo”.
También ha denunciado que la etiqueta de terrorismo “no es contra un grupo sino contra la República”, lo que pondría al Estado venezolano bajo riesgo de sanciones, operaciones encubiertas y acciones militares amparadas en doctrinas antiterroristas.
Para el mandatario, la nueva narrativa forma parte de una estrategia mayor destinada a fabricar un pretexto de intervención a Venezuela.
Las cifras internacionales contradicen las imputaciones de Washington. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 señala que Venezuela no registra cultivos ilícitos, no alberga cárteles transnacionales y solo el cinco por ciento de la droga colombiana pasa por su territorio.
El exdirector de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito Pino Arlacchi ha sido categórico al afirmar que el llamado Cártel de los Soles “no existe en ningún informe serio del planeta”, calificándolo como una ficción funcional a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos.
México y Colombia resisten la presión
México enfrenta un escenario delicado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier posibilidad de intervención extranjera. Ha sido categórica al afirmar que el país no aceptará una etiqueta para justificar operaciones militares estadounidenses en su territorio. No dejó de recordar que aquella última vez que Estados Unidos intervino directamente en México “se llevó la mitad del territorio”.
A pesar de ello, la Casa Blanca insiste en que está dispuesta a tomar “medidas adicionales” contra los cárteles, aunque reconoce avances en materia de seguridad.
Colombia se encuentra en un enfrentamiento aún más directo. Trump acusó sin pruebas al presidente Gustavo Petro de narcotraficante y suspendió la asistencia financiera a Bogotá. Petro respondió: “los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York y París, no en las lanchas donde caen misiles que solo matan pobres y migrantes latinoamericanos”. Rememoró que su gobierno incautó más de 2 700 toneladas de cocaína desde 2022, una cifra histórica, además de aprobar cientos de extradiciones solicitadas por Estados Unidos y Europa.
El mandatario colombiano ha reiterado sin tapujos que Washington intenta presionar a su país por negarse a participar en una eventual agresión militar contra Venezuela.
Una doctrina contra la soberanía latinoamericana
La reinterpretación del terrorismo no es un giro técnico ni semántico. Implica redefinir quién puede ser perseguido extraterritorialmente, qué acciones militares pueden justificarse y cuáles gobiernos pueden ser sancionados sin pruebas.
La política se inscribe en una larga tradición de intervenciones estadounidenses en América Latina. No difiere sustancialmente de las doctrinas que en el pasado usaron la lucha contra el comunismo, las drogas o el terrorismo para justificar operaciones militares, bloqueos económicos o desestabilizaciones políticas.
El despliegue naval en el Caribe no tiene eficacia demostrada en la lucha antidrogas, pero sí altera el equilibrio estratégico regional y funciona como mecanismo de intimidación.
Pero el impacto regional genera duras respuestas. Gobiernos y organismos multilaterales –incluidos Celac, ALBA-TCP, Caricom y Unasur– advierten que permitir a Estados Unidos imponer unilateralmente su propia definición de terrorismo pondría en riesgo la soberanía continental y abriría la puerta a nuevas intervenciones bajo criterios jurídicos construidos fuera de la región.
En este escenario, el intento de la Casa Blanca por reescribir las reglas de seguridad del continente forma parte de una disputa mayor.
El debate ya no gira solo en torno al narcotráfico o el crimen organizado, más bien sobre quién establece los límites del poder en América Latina y si los Estados del hemisferio aceptarán que su estabilidad interna dependa de interpretaciones legales diseñadas para ampliar el margen de acción de Estados Unidos.
