Por Cecilio E. Simon E.
Redacción Bayano digital
En Latinoamérica, la transferencia del poder de las elites agrupadas en los tradicionales partidos liberales, conservadores, socialdemócratas y socialcristianos, han gobernado sin diferenciación ideológica, fundamentados en el mercado y la democracia electoral bajo la orientación del “Consenso de Washington”.
Las instituciones financieras internacionales Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano para el Desarrollo; el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las calificadoras de riesgo, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y la Unión Europea, bajo la hegemonía de Washington, situadas como poderes supranacionales, elaboran los programas neoliberales estándares que los gobiernos de la región aplican sin diferenciación partidista,
El menguado poder hegemónico de los Estados Unidos a nivel global, el ascenso al poder, y la presencia de gobiernos progresistas en diferentes años en Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua Ecuador y Argentina, con propuestas de una vía diferente al neoliberalismo, además de la influencia de China, Rusia e Irán en la región, provocan la “rabiosa” ruptura del paradigma democrático electoral, al decir Álvaro García Lineras, ex vicepresidente de Bolivia.
Tras las elecciones en Estados Unidos, la crisis de gobernabilidad planteada en la institucionalidad política del sistema, complejiza el panorama para la región. El presidente Donald Trump, que reclama fraude, con el control de un poco menos del 50% de los electores, intenta en su salida orientar y limitar los espacios de política exterior del presidente electo Joe Biden. Solo así se explica el pronunciamiento del alicaído Grupo de Lima, con problemas de gobernabilidad de sus integrantes en Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras y Guatemala; y el llamado de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, a desconocer los resultados de las elecciones en Venezuela.
Los opositores Partido de Acción Democrática (socialdemócrata) y COPEI (socialcristiano) que participaron en las elecciones, reconocen los resultados y conceden el triunfo al oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela. En tanto que Henrique Capriles Radonsky, dos veces candidato presidencial de oposición, enfrenta la “rabiosa” ruptura del paradigma democrático electoral impuesta por Estados Unidos y reclama que la oposición recupere la estrategia del voto y que pelee por condiciones electorales justas con ayuda del nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y de la Unión Europea. Capriles declaró a BBC Mundo que «La oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe».
Un comunicado de la cancillería panameña señala que: «La República de Panamá lamenta formalmente que las elecciones parlamentarias en Venezuela se hayan celebrado este domingo 6 de diciembre en condiciones que no garantizaron un proceso democrático, transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo venezolano». La confusa política exterior hacia Venezuela, se expresa en el voto en la OEA de la embajadora en ese organismo quien declaró que Panamá “no reconoce la continuidad del mandato del órgano legislativo o de sus integrantes”.
Al parecer la posición de Panamá está enmarcada en la “rabiosa” ruptura del paradigma democrático electoral impuesta por Estados Unidos y está en contradicción con la posición del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) que participó como acompañante de la elección en Venezuela, junto a personalidades como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que certificó la transparencia de los comicios.
La posición de Panamá podría estar condicionada por un conjunto de presiones del GAFI y la OCDE, que califican al país como paraíso fiscal. puesto en evidencia por los llamados “Panama Papers”, las amenazas a la denominada “bandera de conveniencia” atribuida a la marina mercante del país, que ocupa el primer lugar en el abanderamiento de naves, las calificadoras de riesgo que amenazan bajar el grado de inversión y las agencias estadounidenses que presionan al sistema bancario, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo.
Esas debilidades subordinan la política exterior de Panamá en sus relaciones con China y cuestionan su autodeterminación para decidir, incluso sus políticas sanitarias para enfrentar la COVID-19, por ejemplo, con la vacuna rusa o la asistencia de los médicos cubanos.
Las visitas al país de altos funcionarios de la Administración Trump en el Departamento de Estado, del director interino de la DEA Thimoty Shea, y el Jefe del Comando Sur el Almirante Craig Faller, condicionaron y condicionan la política exterior de Panamá y sin duda su pronunciamiento y voto en la OEA.
