URGENTE: Para beneficiar a Del Monte, la ANATI ordena desalojar a productores panameños
En el país de las maravillas de Varela, no caben los productores del Barú
Antes de 1968 los «casatenientes» utilizaban a los corregidores para el lanzamiento de los inquilinos de los cuartos, hoy cincuenta años después, Varela utliza a una juez de paz (corregidora) para lanzar de sus tierras a los productores del Barú y así favorecer a la transnacional Del Monte.
Redacción de Bayano digital
En un hecho sin presedente, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ordenó el lanzamiento de cientos de productores agropecuarios en Barú, para favorecer los intereses de la empresa Banapiña, subsidiaria de la transacional Del Monte.
Tráfico de Influencia
El atropello contra los productores panameños, se da al amparo del Contrato Ley 36 de abril de 2017, presentada a la Asamblea Nacional por el ministro de la presidencia Alvaro Alemán (quien renunció de la cartera en junio pasado), hermano Jaime Alemán consultor de la empresa. El agente residente de BANAPIÑA es la firma Mora Alemán, lo que es considerado tráfico de influencia.
La Alianza Estratégica Nacional enfrenta el despojo
Marvin Wilcox, dirigente de la Alianza Estratégica Nacional, informó a Bayano digital que la Juez de Paz Ursula Valdez se presentó, acompañada por unidades de la Policia Nacional, a una reunión de los productores para notificarles la resolución de la ANATI, que califica de intrusos a los productores y ordena el desalojo para entregar las tierras que Varela ofreció a BANAPIÑA.
Wilcox, vocero de los productores que han trabajado la tierra por más de quince anos, le señaló a la juez de paz que ella no tiene competencia para atender casos agrarios y que el lunes se presentarian con su abogado a su despacho.
El dirigente Marvin Wilcox, en defensa de sus derechos, dijo: Entramos a estas tieras para trabajar, generar ingresos para nuestras familias y paliar la situación que la empresa (United Fruit) que se fue (del país) y ahora una nueva empresa (BANAPIÑA), retoma ese trabajo y sin previa consulta nos están echando. Nos sentimos con pleno derecho de mantenernos aquí y cualquier acción que se tome la considereramos violatoria del Codigo Agrario y la Constitución Nacional.
La tensión se mantiene entre las autoridades y los productores del distrito de Barú, quienes demandaron el Contrato Ley en la Corte Suprema y la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
