Por Juan Jované
Economista y docente universitario
Frente a las crecientes y justas protestas de la población el gobierno de turno ha propuesto un conjunto de tres medidas para hacer frente a la profunda crisis que vive el país. Lastimosamente, tal como cabía esperar, se trata de una política económica insuficiente, contradictoria e ineficiente, incapaz de dar una solución aceptable a la grave situación que vive la población.
Para comenzar el gobierno ha decidido sin mayor consulta congelar el precio del galón de gasolina a B/. 3.95. Esta medida muestra dos problemas. En primer lugar, la misma resulta insuficiente, ya que al momento de redactar el presenta artículo esta cantidad superaba en casi 25.0% al precio observado a nivel internacional. En segundo lugar, el gobierno, a diferencia de lo que le permite la Ley, decidió respetarle los márgenes de ganancia a los oligopolistas que manejan la importación y distribución de combustibles, de manera que incluso el precio propuesto por el mismo se sostiene en un subsidio financiado con recursos públicos en provecho de dichos oligopolios. Este significa la erogación de recursos públicos por un monto de B/. 50.0 millones.
Otra de las flamantes medidas gubernamentales es la de congelar el precio de diez productos adicionales de la canasta básica alimenticia. En este caso también se trata de una medida con un impacto, que, en el mejor de los casos, se puede calificar de magro. En efecto, el hecho de que el gobierno no haya tenido la voluntad política de congelar a un nivel de precios satisfactorio el conjunto de los elementos de la canasta básica alimenticia, ha significado que se trata de productos que no necesariamente cumplen con los requisitos de calidad para asegurar la alimentación suficiente y sana de la población.
Además, al no controlarse el conjunto de la canasta básica alimenticia queda abierta la posibilidad que los oligopolios que manejan el abastecimiento de bienes esenciales eleven los precios de otros productos básicos de primera necesidad, con el fin de recuperar cualquier margen de ganancia que sientan que han perdido en los productos con precios congelados.
A esto se debe agregar el hecho de que el gobierno no ha enmarcado su accionar en una política de seguridad y soberanía alimentaria. Esto implicaría, entre otras cosas asegurarles a los productores la dotación suficiente de insumos a un precio razonable, que evite la ganancia especulativa de los que venden directamente dichos insumos.
Así mismo, deberían crear las condiciones de comercialización que eviten que los grandes intermediarios aprovechen su poder de mercado a fin de imponer a los productores bajos precios de monopsonio, los cuales reducen el estímulo a producir. Esos mismos intermediarios utilizan, además, su poder oligopólico sobre los consumidores para asegurarse precios excesivos.
Otra de la flamantes medidas del gobierno de turno es la de recortar de manera indiscriminada el empleo público. Esta medida llevará al desempleo a cerca de 27,000 personas, que seguramente no serán ni las típicas botellas producto de las componendas políticas, ni de los altos cargos políticos. Desde el punto de vista del mercado laboral esta medida significará incrementar la tasa de desocupación del ya elevado nivel del 10.3% al 11.2%, cifra esta muy cercana al 11.3 observada en octubre de 2022.
A esto se debe agregar que se trata de una medida contractiva que no ayuda en la actual situación. En efecto, los nuevos desempleados necesariamente tendrán que reducir su nivel de consumo, afectando así el nivel de la demanda efectiva a nivel macroeconómico, provocando un desempleo adicional en otros sectores de la economía.
A final de cuentas nos encontramos con una política de un gobierno indolente con la población, incapaz de ofrecer un efectivo alivio a los agudos problemas que sufre la misma.
