Por Rafael García Denvers
Coordinador de Vanguardia Torrijista ((VT)
La unidad, la perseverancia y la fuerza de un pueblo en las calles logró un gran triunfo. Los minerales continuarán en el subsuelo de Panamá, los grandes capitales internacionales lo saben y harán lo imposible por robarlos. Para ello, cuentan con sus serviciales agentes internos, quienes continuarán disponibles, por el precio adecuado, para traicionar al pueblo, realidad evidente al momento que no aceptaron escuchar las denuncias, notificaciones y advertencias previas a la aprobación del contrato.
Viene ahora el momento de garantizar que la victoria de las grandes movilizaciones sea real en el tiempo, lo que nos obliga a establecer algunos puntos o rocas angulares que sostengan esta decisión.
El fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, por parte de la Corte Suprema de Justicia, se sustenta en la existencia de más de 20 violaciones a la Constitución Política de la República de Panamá. Eso demuestra un absoluto desconocimiento de la Carta Magna o un profundo, irrespetuoso y descarado desprecio a la misma. En todo caso, es inadmisible en ministros de Estado, diputados y asesores contratados para defender los intereses de la República de Panamá, por lo que se configura un grave delito contra el Estado y una evidente traición a la Patria. Esto, en el mínimo de los casos, configura una alianza para delinquir.
Y en ese escenario donde hay que hacer visible la impunidad existente y la selectividad en la aplicación de la justicia, esos funcionarios han de ser responsables por sus actos . La justicia no sólo puede ver hacia un lado. Ellos deben responder judicial y penalmente; y esto no puede verse como revanchismo. Este punto referencial debe convertirse en el inicio de una efectiva y real aplicación de las leyes, que nos permita transitar en una institucionalidad garante de la certeza del castigo. Donde los desafueros no se justifiquen sobre el paradigma del modelo económico basado en la búsqueda del enriquecimiento sin límite, ni moral, siendo la demanda del mercado quien define lo bueno y lo malo.
Al mismo tiempo, la realidad del Cambio Climático, con efectos monumentales sobre el entorno de los seres vivos, donde el recurso hídrico, la capacidad de producción agrícola, los ciclos de enfermedades y especialmente su accionar en la continuidad de la vida de las diferentes especies de flora y fauna se pondrán en riesgo, incluyendo la vida del ser humano, nos obligan a planificar alternativas y condiciones para superar el horizonte previsto. Por ello, Panamá está obligada a definir un norte y caminar hacia él, eliminando toda acción o aventura que atente o ponga en riesgo su cumplimiento
Esa planificación debe fundamentarse en fortalezas y recursos existentes, y no puede desviarse, ni permitir olvidar la meta establecida. Actualmente, la economía de Panamá depende, principalmente, de las actividades logísticas configuradas en torno al Canal interoceánico y toda la red de servicios de la cual se sirve. Por otro lado, el sector agropecuario está lejos de alcanzar la soberanía alimentaria, y la seguridad alimentaria de la población corre el riesgo de no encontrar suministros en un mundo en crisis. Ambos componentes del sustento social y la vida dependen de la existencia del agua en cantidad y calidad suficientes Por ello, el cuidado de los recursos hídricos es un componente esencial de cualquier planificación que hagamos.
La victoria popular del 28 de noviembre del 2023 debe ser defendida permanentemente y de manera absoluta. No cabe grieta en la defensa de los ríos y la tierra. Determinemos qué país merecemos y cómo lo vamos a construir. Establezcamos lo que no encaja en el mismo y establezcamos la institucionalidad correspondiente a la meta consensuada en las calles.
Todas las instituciones deberían alinearse en la búsqueda de producir y funcionar, respetando el derecho de las mayorías, la naturaleza y la convivencia. Pongamos un límite a la acumulación de riquezas, particular y principalmente al gran capital financiero, y hagamos de la corrupción un delito imprescriptible, del robo al Estado un delito mayor y de la evasión fiscal el principal delito económico que es necesario perseguir. Esas normas sustentaran los limites de una sociedad verde en defensa del colectivo humano contra sus propios demonios. Para ello, es necesario determinar la viabilidad de cualquier sendero económico, teniendo como base sustentadora el derecho a la vida del colectivo y la naturaleza, lo que vendría a ser la regla ética, social y comercial de la nueva realidad que estamos reclamando.
La determinación de una patria verde en la que la defensa de la casa común sea un elemento básico y elemental, integra varias tareas: protección de la diversidad de la flora y fauna, la lucha contra la corrupción, que inicia por poner un alto a la definición de prioridades por intereses basados en el beneficio personal, al consumismo desmedido y a la contaminación, transitando por la planificación con normas y limitaciones orientadas a la prevención del descarrilamiento de la ruta trazada.
Se requiere privilegiar la naturaleza, principalmente, la continuidad de los ciclos productivos y las actividades autosostenibles que ayuden a disminuir los efectos del Cambio Climático. La justicia, las leyes y el modelo económico deben ser cónsonos con la realidad y las necesidades de una vida donde se pueda ser feliz, con dignidad e igualdad de oportunidades, su aplicación ha de sustentarse en una estructura jurídica sólida, independiente y debidamente supervisada por la sociedad.
La certeza del castigo, la igualdad en la aplicación de las normas sociales, la instauración de sistemas de Salud y Educación actualizados y al acceso de todos por igual han de estar como condición mínima de la organización del Estado. El Gobierno de turno, como administrador de la decisión del soberano, deberá regirse por esos conceptos éticos y morales y las leyes que se emitan se orientarán al perfeccionamiento de una institucionalidad cónsona con la defensa del norte instaurado. Igual, aquellas que al evaluarse debieran ser modificadas.
En cada nivel administrativo correspondiente, la sociedad debe supervisar y detener exabruptos, desviaciones o indicios de incumplimiento o corrupción. Las instituciones han de fortalecerse desde el nivel local y, a partir de ello, responder a las necesidades integrales de la población, descentralizando la acción gubernativa de las ciudades y permitiendo la visión de desarrollo desde las fortalezas tradicionales, integrando la tecnología moderna y respetando la Cultura y tradiciones, evitando la aculturización implantada durante siglos.
Hagámonos conscientes del real significado de la lucha contra la minería a cielo abierto. Estamos eligiendo una sociedad basada en una economía vista desde los intereses y el derecho a la vida de la población mayoritaria, y del cuidado del ambiente que nos sustenta, independientemente de que eso limite el enriquecimiento de las minorías o contraiga las necesidades consumistas de una sociedad del descarte, en la que se acumula un alto nivel de desperdicio y basura insostenible. El termino casa común no es poético, es real. Bien podríamos llamarla casa única, porque no tenemos otro planeta tierra para ocultar el fracaso como especie. La unidad no es una consigna, es una necesidad. Definir, dentro de la ruta trazada, metas realizables a corto, mediano y largo plazo debe ser su objetivo.
