Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El gobierno empresarial nuevamente ha sacado sus garras para intentar privatizar una empresa estatal, al anunciar la concesión para el manejo del aeropuerto internacional de Tocumen, sugiriendo la posibilidad de que sea aún mas rentable de lo que fue en años anteriores.
No se conocen los fundamentos de una posible concesión del principal aeropuerto panameño a empresarios franceses, según el inesperado y sorpresivo anuncio del presidente José Raúl Mulino, a raíz de su viaje oficial a Francia.
Cuando ocupó el cargo de ministro de Seguridad, el actual presidente defendió a toda costa la compra de unas antenas y radares, como si ello fuese un asunto de extrema seguridad nacional.
¿Cómo se podría calificar hoy la concesión a una empresa extranjera la principal terminal aérea en Panamá? Ese aeropuerto internacional tiene un elevado valor económico y una gran importancia estratégica para la seguridad aérea de Panamá.
El anuncio presidencial empaña notablemente las gestiones realizadas en Francia para ventilar el tema de las listas de países ”lavadores de dinero”. Panamá ha sido Incluida en esas listas porque los principales ”lavadores” escapan de las autoridades de Justicia o se escabullen, asilándose en embajadas.
La concesión del complejo de Tocumen, aunque sea casada con la administración de otros aeropuertos, como los de Colón y Río Hato, representa desde todo punto de vista la entrega a manos foráneas de un recurso que representa un importante eslabón de la soberanía aérea de Panamá.
El aeropuerto internacional de Tocumen, aún bajo la desordenada administración actual, es una inversión pública, construida con mas de 400 millones por encima de lo presupuestado.
A corto plazo, la terminal aeroportuaria generaría significativos rendimientos, debido a los millones de pasajeros que la utilizan anualmente. Precisamente, ese es el negocio que le quieren entregar a empresas extranjeras que ven a América Latina como un inmenso y suculento pastel.
Lo cierto es que Tocumen podría ser administrado de la misma forma como es operado el Canal de Panamá, para producir beneficios directos al Estado panameño. Ojalá que al gobierno no se le ocurra someter a la vía interoceánica a una concesión leonina y perversa, porque encontrará a los patriotas en arreos de combate.
