La detención del gobernador de la comarca indígena de Guna Yala, Martelo Robinson, con una carga de 79 kilogramos de droga ocultos en el doble fondo de su vehículo, es un hecho grave. Sin embargo, el suceso, en apariencia aislado, revela las falencias del Consejo de Seguridad, quien nunca previno al presidente de la república, Laurentino Cortizo, sobre las oscuras andanzas del inculpado de marras.
Cortizo se reunió hace una semana con Robinson para coordinar aspectos del apoyo estatal a las comunidades indígenas, sin saber que estaba en marcha una operación de inteligencia internacional contra el gobernador, vinculado al tráfico de cocaína en áreas del Caribe. Esa falta de conocimiento confirma la descoordinación entre estamentos de la Fuerza Pública y el desempeño del Consejo de Seguridad.
En cualquier país del mundo, la información de inteligencia es vital para garantizar la integridad del Estado y las instituciones más representativas del gobierno, así como la adecuada protección de los ciudadanos ante las amenazas y conspiraciones criminales. Ello implica disponer de un Consejo de Seguridad que sea los ojos y oídos del presidente, y no una fábrica de chismes, intrigas y mentiras.
Es importante reconocer, además, cómo las redes del tráfico internacional de drogas duras penetraron a facciones clientelistas en Panamá que no representan a los cerca de 600.000 afiliados al socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD), convertido en el blanco de grupos de poder económico decididos a desbancar al Estado y descargar miserias a la población, asfixiada a causa de la pandemia.
El escándalo de drogas que involucra al gobernador de Guna Yala obliga a reconocer a un PRD integrado por torrijistas inquebrantables y a otro PRD distinto, formado por elementos advenedizos, tramposos, narcotraficantes y agentes corruptos que se infiltraron en sus filas para trastocar las conquistas sociales y sacar provecho de los bienes patrimoniales del Estado, a costa del sacrificio de la población.
Los momentos cruciales que enfrenta Panamá obligan a describir con certeza el panorama en el país, con el objetivo de enfrentar los entuertos y proponer alternativas coherentes a los ciudadanos aturdidos por la desinformación. En estos casos, es indispensable que la Justicia aplique sanciones penales ejemplares a los que recurren al narcotráfico, al expolio y a la malversación de los fondos públicos.
No se debe tolerar la existencia de un Consejo de Seguridad inoperante cuya prioridad es la averiguación de la vida íntima de las personas, en vez de orientar al jefe del Estado en sus decisiones. Tampoco se debe permitir que una caterva de malhechores arrebate el legado del general Omar Torrijos para saquear en su nombre. Hay que castigar con dureza a los criminales y a quienes deshonran al PRD de Omar.
