Gobierno de Varela ordena detención de periodista Ligia Arreaga
Por tratar de hacer una entrevista la jueza de paz Ulzana Valdez, ordena la detención de periodista Ligia Arreaga en Barú.
Redacción de Bayano digital
La periodista Ligia Arreaga ha sido detenida en el distrito de Barú, momentos en que ejercía la labor de recaudar material informativo sobre el abuso de los derechos humanos que están teniendo los productores de este distrito, ante la llegada de la trasnacional empresa Del Monte.
Arreaga manifestó que “por orden de la juez de paz, Ulzana Valdés, estoy detenida en la policía; estoy siendo trasladada de la Finca Blanco a Puerto Armuelles”.
“En minutos seré guardada en un calabozo; he sido esposada porque traté de entrevistar a la jueza y ella dijo que estaba invadiendo su privacidad, por eso ha dado esa orden, espero que hagan algo; porque es mi trabajo periodístico”, dijo Arreaga.
La periodista y ambientalista fue detenida mientras hacia un reportaje sobre un cobro ilegal de B/.10.00 por cada viaje de un productor de Baru hacia cualquier parte del pais.
Al preguntarle a la juez de paz sobre que se sustentaba el cobro que No es parte de ningun acuerdo municipal, provincial ni municipal, la juez de paz se incomodo con la periodista y la mando a detener por “violar su intimidad”.
El Juez Primero Municipal de Barú Abdiel Chávez, resolvió un recurso de Habeas Corpus a favor de la periodista Ligia Arriaga y ordenó a La juez de paz Ulzana Valdés ponerla bajo ese despacho
Ulzana Valdez, en desacato a las ordenes de los tribunales de justicia, por instrucciones de las autoridades nacionales y municipales, impide a los productores nacionales transportar su cosecha para la venta.
La también ambientalista estuvo fuera del país por casi dos años; luego de ser amenazada por denunciar la tala indiscriminada y destrucción del humedal Matusagaratí en Darién.
Recientemente regresó al país y mantiene su lucha por los derechos humanos de los panameños.
A veces los politicos pone a prueba la voluntad del pueble, la tolerancia del pueblo a los abusos de algunos empleados del gobierno que son prepotentes, arrogantes en el desempeño de sus funciones oficiales y extra-oficiales, al borde de la ilegalidad. Hay que poner el paro a estos abusos, no solo denunciándolos sino con acciones, primero por las cortes y si eso falla, acciones directos en las calles del país, a la Asamblea Nacional que tiene la responsabilidad de proteger y promover los intereses del pueblo. Ellos deben ser llamados a cuenta por su negligencia, y en ciertos casos traicion a la patria cuando se dejan sobornar y actuar en contra los intereses del pueblo.