Trabajadores del IRHE exigen justicia

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El dirigente sindical Alfredo González formula declaraciones a Bayano digital. (Foto Bayano).

Por David Carrasco

Más de 5.000 trabajadores del privatizado Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) realizarán en enero de 2020 marchas y movilizaciones para exigir a la Asamblea Nacional de Diputados y al presidente Laurentino Cortizo que sea honrado el compromiso de pagar deudas millonarias que el Estado mantiene con la fuerza laboral desde hace 22 años.

En declaraciones a Bayano digital, el activista Alfredo González señaló que tras el despojo programado de bienes patrimoniales de la nación que garantizaban la soberanía energética de Panamá y los planes de desarrollo de este país, la clase trabajadora sigue elevando su voz de protesta, al carecer de una justicia expedita, confiable, imparcial y efectiva en materia de derechos económicos y sociales.

González resaltó que el 9 de agosto de 2019 fue presentada en la Asamblea Nacional de Diputados una iniciativa ciudadana para que sea reconocida la deuda en materia de liquidación a ex trabajadores del IRHE, que en 1997 fue privatizado y fraccionada en compañías de generación, transmisión y distribución de energía.

El proyecto que reivindica los derechos de los trabajadores que laboraban en el privatizado IRHE fue prohijado por el diputado Crispiano Adames, del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien preside la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, pero el documento aún no ha sido sometido al debate en el ámbito parlamentario, como estaba previsto.

Décadas de luchas

La demanda económica de los manifestantes se fundamenta en una convención colectiva firmada por el sindicato SITIRHE y la antigua administración del IRHE, para la realización de todos los cálculos individuales relativos a la liquidación (doble indemnización) en la que se tomaría en cuenta las horas extraordinarias laboradas, gastos de representación, horas ordinarias de trabajo y el sobretiempo, así como la prima de antigüedad.

No obstante, una serie de trabas impidieron que las reclamaciones fuesen cumplidos cabalmente por los gobiernos que accedieron al poder. Por ello, los trabajadores recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que se contradijo en fallos judiciales sucesivos (2005 y 2009). Ante lo consideraron una violación al orden constitucional vigente, los demandantes interpusieron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y solicitaron a ese organismo un pronunciamiento sobre derechos que no prescriben.

“No queremos que nos regalen nada. Lo que exigimos es que se haga justicia laboral”, puntualizó González en alusión al pliego de reivindicaciones, que incluyen unos 80 millones de dólares en liquidación pendiente, 35 millones de dólares en bonificaciones y el décimo tercer mes adeudado, así como otros dos millones de dólares que corresponden a excedentes en las deducciones de impuestos.

Banco Nacional bajo la lupa

Al respecto, el dirigente Vianor Berrío aclaró que el gobierno debe investigar la misteriosa desaparición de las arcas del Banco Nacional de Panamá (BNP), de unos 28 millones de dólares de un fideicomiso de 44 millones de dólares. Adujo que “nadie sabe nada” en esa entidad bancaria sobre el destino de esos dineros y que los directivos del banco respondieron a investigadores que los microfilms de esas cuentas y datos están dañados y es “imposible” obtener evidencias de esos fondos creados por ley de la república.

Jaime Rivas, vocero de los trabajadores, insistió en la necesidad de enderezar a la justicia en Panamá y convocar a las centrales obreras y fuerzas sociales para que respalden el proyecto de ley presentado para con el objetivo de que el Estado honre la deuda con los trabajadores que reclaman justicia, de la misma forma como fueron efectuados pagos atrasados a concesionarios y proveedores del sector privado.

Reseñó que los promotores de la movilización se reunieron hace dos meses con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, quien en presencia de dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) prometió elevar el tema al Consejo de Gabinete, en procura de respuestas. Sin embargo, se desconocen los resultados de esa iniciativa oficial para ventilar la exigencia de que se haga justicia en un plazo perentorio y sea subsanada la violación de derechos.

Rivas observó que las viudas y huérfanos de los trabajadores desaparecidos tienen derecho a recibir los beneficios negados por sucesivos gobiernos. En ese sentido, instó a Cortizo a satisfacer las justas y postergadas demandas de la clase trabajadora.

De izquierda a derecha, Jaime Rivas, Alfredo González y Vianor Berrío. (Foto Bayano).

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