Telefónicas incumplen las reglas del juego y piden al gobierno que la norma sea revisada

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Contratos de servicios telefónicos están bajo la lupa de los consumidores en Panamá.

Por Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá

La revisión de la ley 17 de 9 de julio de 1991 que dicta las reglas del juego de la telefonía celular, debe ser revisada ante decenas de supuestas irregularidades que vienen cometiendo las compañías telefónicas que operan en Panamá.

Tal solicitud la hizo el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta ante supuestos incumplimientos de estas empresas que perjudican al país y a los panameños.

Una de las supuestas irregularidades más graves que cometen las empresas telefónicas es vender las tarjetas SIM conocidas también como chip, sin siquiera llevar un registro de la persona que adquiere ese nuevo número de teléfono.

Acosta dijo que miles de esos chips que se encuentran en el mercado en total anonimato son usados para delinquir, e incluso desde las prisiones, en manos de delincuentes son utilizados para realizar estafas, sin que se pueda conocer la identidad de la persona que realiza las llamadas timando a ciudadanos.

«Un número de celular, cuyo propietario se desconoce, es lo mismo que un arma de fuego con la serie limada, cuyos delincuentes utilizan para cometer delitos», dijo el dirigente de los consumidores.

Y es que las empresas desconocen los dueños de miles de líneas ya que están incumpliendo la ley 51 de 18 de septiembre de 2009 de registro de datos, lo que provoca que delincuentes obtengan una línea fantasma y cometan sus fechorías, sin dejar rastros.

Tan solamente el año pasado, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Policía Nacional reveló que se presentaron 4,100 denuncias y que cada día se cometen 11 estafas a través de líneas telefónicas de celulares que no se encuentran registradas en la compañía telefónica.

La Verdad Panamá hizo la compra de tarjetas sim o subscriber identity module de las compañías Más móvil, Tigo, Digicel y Claro, todas adquiridas en el comercio local, a un precio de B/.1.25, sin la entrega de cédula, ni registro alguno antes ni después de recibir el chip, lo que es una clara violación a las normas vigentes.

Acosta sostuvo que las empresa telefónicas tienen la obligación de cumplir con la ley ya que cuentan con un contrato con la nación y hay muchas quejas de los usuarios.

El presidente de Uncurepa destacó además que los consumidores se quejan que compran una de tiempo aire y se le acaba en dos llamadas, oferta que realmente nunca se sabe si se cumple ni cuando se cumple.

Ya es hora que la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), revise todos los términos de ese contrato ley porque te hacen ofertas y se desconoce si son ciertas o se trata de un engaño, explicó.

Las comunicaciones son muy sensitivas y generan muchos millones de dólares de ganancias a las empresas telefónicas, por lo que deben cumplir lo señalado en la norma, enfatizó Acosta.

La modificación a la ley de telecomunicaciones, permitió la compra de Telefónica Movistar por parte de Millicom Tigo, todo en el marco de un proceso de retiro de la región de la compañía española.

En tanto, el año pasado, la empresa Claro vendió por 200 millones de dólares su operación a la empresa Cable & Wireless, quedando el mercado en manos de tres compañías, siendo la tercera Digicel que, denunció esa fusión.

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