Por Cecilio E. Simon E.
Redacción de Bayano digital
La “Tangentópolis” originó en Italia la operación “Manos Limpias”, conducida por el magistrado Antonio Di Pietro. Ello sacudió a la política italiana. Como resultado de esa acción judicial, se produjo la caída del gobierno del primer ministro Betino Craxi, del Partido Socialista Italiano, y lo envió a juicio junto a Arnaldo Forlani, líder de la Democracia Cristiana. La operación generó una cadena de delaciones y la investigación de otros escándalos de corrupción. “Manos Limpias” llevó a la cárcel a 1.233 políticos y empresarios.
El apelativo hace referencia al escándalo de corrupción desatado el 17 de febrero de 1992, en Milán, cuando el presidente del Orfanato de esa ciudad, Mario Chiesa fue detenido por la Policía, cuando recibía de un empresario harto, el noveno soborno (“tangente”) con dinero marcado. De allí, la denominación popular “Tangentópolis” (Ciudad Soborno) para referirse a Milán.
El llamado “decreto salva ladrones”, del 13 de julio de 1994, llevó a la prescripción de los casos del primer ministro Silvio Berlusconni y de su amigo Betino Craxi, y excluyó de la pena de cárcel a los delitos típicos de la “Tangentópolis”, como corrupción, fraude, abuso de poder y financiación ilegal.
No han secado las tintas de las rotativas de los diarios, con relación al caso de los sobornos de Odebrecht, cuando se escurre a los medios, como una transacción normal, el acuerdo del gobierno de Panamá y Agusta Westland, subsidiaria del conglomerado italiano Finmeccanica, para la construcción y entrega de dos helicópteros por valor de 29 millones de euros (unos 30 millones de dólares), como parte de un pacto que puso fin a una disputa comercial.
Como si fuera un éxito de la diplomacia panameña, la nota de prensa de la Cancillería del 11 de enero, señala que: “La República de Panamá no está realizado ningún pago por estos aparatos, sino que está haciendo uso del crédito a su favor, en base a los convenios que pusieron fin a las controversias comerciales con el conglomerado Finmeccanica, aprobados el 23 de febrero de 2016”.
La comunicación diplomática es muy cuidadosa en el uso del lenguaje y la nota de Cancillería hace gala de ello, al no mencionar que las “controversias comerciales” se originaron en uno de los más sonados escándalos internacionales de corrupción en el que se involucró a familiares y destacados miembros del gobierno del ex presidente Martinelli, que originaron el caso Lavitola. Ese caso es investigado por la Fiscalía de Roma, por el supuesto pago de unos 25 millones de dólares a altos cargos en el Órgano Ejecutivo panameño, a cambio de la adjudicación de contratas por más de 200 millones de dólares, una cifra similar a la que se alude el “acuerdo comercial con Finmeccanica.
En su informe a la nación, el 2 de enero, el presidente Juan Carlos Varela menciona 12 veces la palabra transparencia y rendición de cuenta en siete. Sin embargo, elude el “acuerdo comercial” y se limitó a decir: “Los contratos para la compra de radares de la empresa Selex (…) fueron cancelados y demandados por el Estado panameño ante las instancias judiciales correspondientes” (resaltado en el informe).
En el gobierno instaurado en 2014, aumenta el deterioro de la imagen y prestigio del país. El escándalo financiero “Papeles de Panamá”, se suma a la lista negra de la OCDE, y de Francia, y a la Lista Clinton. Ahora, al parecer, los “Papeles de Martinelli” (tengo su pedigrí) presionan la negociación de “acuerdos comerciales” con Finmeccanica y Odebrecht, para evitar posibles daños colaterales a cercanos colaboradores y amigos del gobierno de turno.
Más de 700.000 panameños y panameñas votaron por Juan Carlos Varela, con la esperanza de que llevaría en Panamá un proceso similar al proyecto “Manos Limpias” en Italia. Sin embargo, esas esperanzas se fueron desvaneciendo con múltiples reveses y se materializó en el Informe a la Nación del primer año de gobierno el 1 de julio de 2015, cuando el mandatario ordenó a sus colaboradores: “Ante la cantidad de irregularidades encontradas, he dado un plazo adicional de seis meses a nuestro equipo de Gobierno para que se concluya la revisión de la pasada administración y todas las faltas que hayan sido cometidas sean presentadas ante las autoridades competentes”.
A partir de la orden presidencial, la selectividad fue la norma e importantes cotos de corrupción, como en el Ministerio de Obras Pública o el Metro de Panamá, se abstuvieron de presentar ante los tribunales las “irregularidades” cometidas por la Constructora Odebrecht. Por el contrario, seguían contratando a esa misma compañía, incluso en medio del juicio y condena en Brasil del presidente de ese grupo económico, Marcelo Odebrecht.
Ahora, en la mitad del mandato del presidente Varela, son establecidos los llamados “acuerdos comerciales” legitimadores de la corrupción, como se hizo en Italia, con el “decreto salva ladrones”, que acarreó otro estigma para Panamá como Estado de sobornos, es decir, “Panama Stato di tangenti”.
