Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Uno de los principales defectos del llamado sistema democrático, bajo las reglas de la fuerza dominante que da oportunidad de elegir a través de partidos políticos a los administradores de un país, es el compromiso de pagar o retribuir los “favores electorales” obtenidos en cada campaña electoral.
En los países indoamericanos, ese vicio clientelista es una práctica inveterada. Sin embargo, cada vez más ello se traduce en algo nefasto en perjuicio de la población, ya que orada la inteligencia de los ciudadanos y al sistema que da oportunidad de alternativas en el funcionamiento de la administración pública.
Con el ascenso de un nuevo gobierno en Panamá, después del desastre de las dos últimas administraciones, se percibe como un círculo interminable que los jefes acusados de corrupción suban y bajen al unísono los ascensores de la Procuraduría de la nación, para responder peguntas de los fiscales. Esa posibilidad invita a considerar la posibilidad de que ese penoso escenario se repita y defraude a la población.
En ocasiones anteriores, aconsejamos respetuosamente al primer mandatario de la nación que se aleje de funcionarios que pueden ser a corto plazo convictos de la Justicia. El consejo parece haber sido desestimado, lo que genera desaliento.
Todo parece indicar que prevalecen los arreglos políticos sobre la conducta sospechosa de algunos de sus cercanos colaboradores, a quienes se ha ofrecido en la esfera oficial una serie de oportunidades, entre ellas el manejo de fondos, compras y alquiler de equipos. Y no es extraño que diversos sectores de la ciudadanía los califique de pillos con poderes, en medio de la pandemia de Coronavirus (Covid-19).
¿Qué le ha visto el presidente de la república a los señores a quienes coloca como a unos ratones al frente del queso para cuidarlo?
El instante en que brotó la pandemia en Panamá se pudo convertir en un momento cumbre para el presidente de este país, y demostrar con ello una alta capacidad en el manejo administrativo y político. No obstante, ha ocurrido todo lo contrario.
Por más que el mandatario contribuya a la lucha contra la pandemia, da oportunidad a colaboradores para que festinen a través del sufrimiento de los afectados. La credibilidad del gobierno está por los suelos, y ello fue percibido dn el estallido del escándalo por la compra sobrevaluada de ventiladores hospitalarios.
En medio de las enormes necesidades que pesan en este país por contagios de Covid-19, además del 25 por ciento de trabajadores desocupados y otros problemas sociales, ha sido anunciada la asignación de más de 10 millones de dólares a la compra y renta de automóviles para uso de los funcionarios de la Presidencia.
Es anuncio oficial pone en vergüenza al gobierno, al que parece no importarle la opinión de ciudadanos que demandan el uso racional de fondos públicos y manifiestan preocupación a causa de insuficientes presupuestos y la más altísima deuda externa de los últimos tiempos. Hoy, sólo cabe el rechazo total frente a la compra y alquiler millonario de equipo rodante, porque es absurda y desvergonzada.
