Por Rafael García Denvers
Coordinador de Vanguardia Torrijista (VT)
Ante el momento de la crisis social que vive Panamá, muchos se dedican a buscar culpables y no soluciones, convirtiéndose en motivadores de más confusión, algunos con plena intención y otros sin percatarse de ello.
El pueblo panameño no negoció el contrato sobre la minería, ni hoy, ni en 1997. La minera vino a Panamá después de la invasión de Estados Unidos a este país, iniciada en 1989. Lo hizo de la mano de los gobernantes de turno, de todos los colores y tonalidades, bajo la consigna de la ganancia fácil para sí y su círculo inmediato. Pero, no hubo ninguna participación de la opinión pública. Tampoco hubo beneficio popular o el respeto a la institucionalidad.
He aquí la cuna del conflicto:
Los gobiernos de todo el período afectado no incluyeron en las negociaciones con la minera los factores básicos para poder atender ese tema con visión de patria, institucionalidad y ambiente. Únicamente, vieron su lucro personal inmediato y no el derecho a la vida como, si fuesen dueños de la finca y no administradores del Estado.
A ello, hay que sumar el deterioro climático que, producto del Cambio Climático, se añade como punto esencial en el tema de la Minería Metálica a Cielo Abierto, elemento reconocido en diversos acuerdos y reglamentaciones internacionales, que el Estado panameño ha ratificado, y que hoy día viola impunemente y sin el mínimo decoro.
Por todo ello, es que hoy día estamos en la calle. Nadie confía en la palabra o buenas intenciones del actual gobierno o de sus aliados, ya sean partidos políticos o de la llamada sociedad civil. La verdadera sociedad civil es la que esta en la calle, la otra defensora del “statu quo” es la sociedad del botín, donde aún cuando oficialmente profesen religiones en las que se justifican, son, en realidad, defensores y adoradores de la acumulación, el despojo y del Dios Dinero.
Esa sociedad civil sólo defiende su poder, la sociedad civil nuestra defiende el futuro patrio y el derecho a una vida digna. Es la mentira institucional y las promesas de ocasión las que alimentan y sostienen los tranques a pesar de todo lo negativo que puedan representar.
Nadie desea estar pasando páramo en un tranque (embotellamiento o bloqueo de calles), ni afectar a iguales, pero en un país donde ni siquiera un fallo de Corte Suprema de justicia es acatado por los gobiernos, en su gula de riquezas y poder, ¿Qué nos llama a la confianza? Estamos obligados a sumar que hace un año, el gobierno de turno asumió compromisos que en el transito de un año se han convertido en letra muerta. ¿Será esta una buena base para confiar hoy día?
El definir a los actores de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, por sus acciones en esta crisis, como traidores a la patria, no es un eufemismo, y recordando el accionar de la Corte Suprema en la historia vivida por ese tema, sin olvidar otros ejemplos, no nos permite confiar en su estabilidad institucional como salvaguarda de los intereses de la nación, en el campo judicial, como fiel de la balanza del equilibrio gubernamental. He aquí la verdadera razón de los tranques: es el gobierno, sus instituciones corruptas por el afán del lucro quien mantiene las calles cerradas y a la sociedad panameña en zozobra. El pueblo es prisionero de la corrupción gubernamental y empresarial.
La actual crisis es una crisis de confianza, de gobernanza, de institucionalidad, de moral y de ausencia de norte. Los panameños hemos de hacer un alto y definir el país que queremos para las futuras generaciones. Sólo así, podremos sentarnos a corregir acciones. Mientras, hemos de detener la destrucción de nuestro hábitat, lo que debe iniciar por detener la devastación de la Minería Metálica a Cielo Abierto.
