Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El tema relativo a la seguridad social en Panamá es un imperativo que debe ser parte de la agenda en el diálogo nacional anunciado por el Órgano Ejecutivo y en futuros foros.
No sólo durante la presente administración, sino desde varias de las anteriores, se han hecho algunos esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones de la Caja de Seguro Social (CSS), que durante muchas veces se convirtió en botín de los políticos y empleadores. Los trabajadores no tienen acceso a las finanzas institucionales.
La pandemia del Covid-19 ha servido para que afloren ambiciones desmedidas, sin importar el padecimiento de miles de panameños, no sólo por los efectos sobre el sistema de Salud, sino porque se han agudizado en este país los problemas económicos y sociales. Los índices de desocupados se alteraron como nunca.
Sin embargo, el manejo de la seguridad social ha sido deficiente y demanda un serio debate. Es necesario aclarar que en los últimos años fueron aplicadas fórmulas y esquemas que en vez de mejorar y hacer más efectiva la acción contra el virus, plantearon, entre otros adefesios administrativos, la compra de ventiladores y otros instrumentos de Salud a precios exorbitantes. La presión ciudadana impidió que fuesen concretadas esas compras millonarias.
Es necesario recordar el intentó dirigido a finiquitar un acuerdo de más de 180 millones de dólares para introducir un servicio robotizado de distribución de medicamentos. Ese tema está en suspenso.
Alrededor de la administración de la Caja de Seguro Social (CSS) se han apostado toda clase de argucias financieras, sobre las cuales la opinión pública tiene puestos sus ojos. Llama la atención el intento institucional de hacer acuerdos con una empresa a la que un gobierno extranjero ha procesado judicialmente por coimera.
En ese contexto, surge el escenario de tener que enfrentarse a un proyecto de Ley (311), que la obligará a ocuparse de la Salud de todos los que habitan este país, ya sean asegurados o no lo sean.
Pero un peso adicional ha sido colocado sobre los hombros de la saqueada y principal institución de Salud: la CSS. Ello se deriva del acuerdo que recientemente aprobó su Junta Directiva, sin el aval de la comisión respectiva, a través del cual los asegurados tendremos que sufragar costos del controversial hospital modular.
La situación expuesta sugiere la existencia de una nueva carga onerosa sobre los fondos de la CSS, que los trabajadores y jubilados depositamos mensualmente en las manos de administradores que no gozan de nuestra confianza.
Lo que está ocurriendo alrededor de la CSS no es una muestra confiable de lo que significa gobernar en tiempos de pandemia. Es evidente que han surgido amenazas en el entorno que afectan el futuro de los asegurados y pensionados.
En el diálogo nacional, también es posible que salgan a la luz otras “bellezas” (escándalos). Sin embargo, es necesario enrumbar a la seguridad social hacia la transparencia, la administración eficiente y los mejores derroteros nacionales.
