Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
La República de Panamá ha sido estremecida esta última semana por un gran “revolcón” nacional. En palabras de la Academia, hubo “un estallido social”. Y, en la voz populista de Ernesto Laclau, el pueblo panameño está exigiendo al gobierno ausente el cumplimiento de “demandas democráticas” (rebaja del alto costo de los alimentos, “congelamiento” del precio de los combustibles, disminución del precio de las medicinas, empleos decentes y un alto a la corrupción pública).
Las causas de última instancia son estructurales. Sin embargo, en el corto plazo, es el hartazgo popular por la indolente conducta del gobierno que frente a la desmejorada y carente situación de la mayoría de los panameños, no cesa en el derroche, despilfarro y mal uso de los dineros públicos, además, de la poca solidaridad demostrada con quienes lo han perdido todo en esta combinación crítica de urgencia sanitaria y “guerra croxy” en Ucrania, la cual ha desatado la “tormenta perfecta”: Inflación, desempleo, corrupción e indolencia gubernamental.
Quienes piensan que los presentes acontecimientos son el resultado de la espontánea ira popular, ignoran por completo que es el resultado de la acumulación de problemas y la falta de liderzgo e incapacidad manifiesta demostrada, desde hace tres años, por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.
De manera que en la práctica se ha configurado en la dirección de las acciones populares de calle, la ALIANZA NACIONAL PUEBLO UNIDO POR LA VIDA (Que es el pueblo luchando por reivindicaciones democráticas) y la ALIANZA NACIONAL POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO ORGANIZADO (también exigiendo el cumplimiento de demandas democráticas). Así se verifican manifestaciones en Chiriquí, Comarca Ngabe Buglé, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Darién, (¿Colón, extrañamente no?) y multitudinarias movilizaciones en la ciudad de Panamá.
A una semana de refriegas populares en crecimiento, aún no monolíticas, pero con gran entusiasmo y creatividad popular.
La nave del Estado anda, aparentemente, sin capitán, sin puerto a la vista. Sus tripulantes han dado muestras de falta de pericia y capacidad política para el manejo de crisis. Irresponsablemente, han publicado un trasnochado comunicado el cual aleja más al gobierno de las justas demandas ciudadanas exigidas en las calles.
Estamos, pues, en un momento crítico (punto de inflexión) para la solución del enfrentamiento: Pueblo versus gobierno ilegítimo. Hemos llegado al momento de “el salto”. O el gobierno negocia al más alto nivel, o el pueblo unido convoca a huelga nacional y “desobediencia civil”.
¿Qué significa al más alto nivel?
Sencillo: Al pueblo, el “poder originario”, el poder general, el mandante real, no se le puede ni se le debe atender con servidores de tercera categoría y una ministra carente de «gimnasio» político.
Un servidor público de alto nivel es aquel burócrata que no tiene que consultar con un superior para tomar decisiones. Que llega a la “mesa” ofreciendo soluciones viables (rentas sustitutivas) y establecidas en el tiempo.
De tal manera que quienes deben encabezar la delegación de gobierno que se sentará a la mesa con el pueblo unido, deben ser el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Desarrollo Agropecuario, el ministro de Comercio y la ministra de Educación, y sus respectivo equipos técnicos.
¿Con quienes se reunirían?
Con el pueblo que está en las calles. Con los actores populares. Con los representantes de ambas alianzas (incluidos docentes, transportistas, productores agropecuarios, pescadores estudiantes, etc.).
Así de sencilla es la cosa!
