¿Qué está haciendo el señor Varela?
400 familias del distrito de Barú enfrentan la posibilidad de desalojo de tierras que le habían sido adjudicadas mediante titulación en el quinquenio pasado.
Por Julio Bermúdez Valdés
Redacción de Bayano digital
Basado en un contrato suscrito con la empresa Banapiña, subsidiaria de la transnacional Del Monte, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, se dispone a utilizar a las fuerzas policiales para desalojar a las familias, luego que estas se han opuesto a la medida.
Pero ¿cómo surge este problema? El 25 de mayo de 2017 la Asamblea Nacional aprobó por mayoría absoluta el contrato con Banapiña, sin que muchos diputados hubiesen leído el convenio que entre otras concesiones exonera de impuesto por 40 años a la empresa. Solo le graba una tarifa por el uso del agua de un dólar por hectárea por año, muy por debajo de lo que pagan los campesinos por uso acueductos rurales.
El contrato le concede a la empresa también el uso de agua de los ríos Chiriquí, Viejo, Colorado y Palo Blanco, en Barú, y Chiriquí viejo y Gariché en el sector de Divalá, incluyendo la extracción de aguas subterráneas mediante la construcción de pozos para el desarrollo de sus operaciones, sin que se conozca el estudio de impacto ambiental que ha debido aprobar la Autoridad Nacional del ambiente. El convenio da igualmente prioridad a Banapiña por encima de ciudadanos y gremios nacionales, sin que estos últimos hayan protestado por este atropello.
Entre 2009/2014 la cooperativa CONSEMUPAR logró titulación de una hectárea para cada miembro, pero ahora mediante el contrato 3617, ignorando esa legalidad, el gobierno subarrienda las tierras a Bana-piña por un montón de 187.50 por hectárea por año, cifra que no cubre siquiera los costos de la canasta básica familiar.
Lo que hace caótica la situación, además de injusta, es que la cláusula vigésima establece que en las fincas propiedad del Estado que estén ocupadas por invasores a la firma del contrato el gobierno asumirá las acciones legales pertinentes para que al momento de inicio de las operaciones de la empresa estén desocupadas, violando el código agrario que reconoce la posesión y da a los productores el legitimo derecho de poseedores agrarios. Los hechos se traducen en el desalojo inminente de 400 familias que residen en esas tierras, y que habían logrado una posesión legal sobre las mismas.
Si se considera que las familias han rechazado las acciones del gobierno, no sería de extrañar que, como ha ocurrido en otras áreas del país, la administración Varela utiliza a las fuerzas del orden público contra los residentes. A diferencia de cierta facilidad con que se ha logrado el desalojo en otros puntos del territorio, en Barú los residentes no parecen dispuesto a dejarse intimidar por la decisión del gobierno.
