Lima, 7 dic (Prensa Latina) – La abogada Dina Boluarte asumió hoy la Presidencia del Perú y prometió designar un gabinete ministerial “de todas las sangres”, por su diversidad, a tiempo de pedir, una tregua, diálogo y unidad para su administración.
La nueva gobernante de 60 años se convirtió así en la primera mujer que ocupa la presidencia del país, en reemplazó al maestro rural Pedro Castillo, tras ser este destituido por un intento de disolver el Congreso, y completará el quinquenio de gobierno iniciado por su antecesor el 28 de julio de 2021.
“Necesitamos a los mejores peruanos, gobernar no será tarea fácil, tendremos que construir un gabinete de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas para que juntos podamos sacar a nuestra patria adelante”, dijo en su discurso de posesión, en el hemiciclo del Congreso.
Dijo que asume el cargo tras “un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no encontró eco en las instituciones de la democracia ni en la calle”.
Añadió que asume el cargo consciente de su responsabilidad y por ello convocó a la más amplia unidad de los peruanos.
Convocó “a un amplio proceso de diálogo en que participen todas las fuerzas políticas representadas o no en el congreso, es imprescindible una agenda de crecimiento económico con inclusión social”.
Ello implica, dijo dotar de empleo digno, de la atención de emergencia a los sectores vulnerables, de pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y también la tarea impostergable reforma política que el país requiere urgentemente.
Boluarte pidió asimismo una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional un plazo, “un tiempo valioso para rescatar al país de la corrupción y el desgobierno”.
Dijo que su primera acción será enfrentar a la corrupción, que calificó como un cáncer que se debe extirpar de raíz, por lo que pidió el apoyo de la Fiscalía de la Nación “para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias en el Estadio y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas”.
Al final de su discurso, citó al escritor peruano José María Arguedas, cuya obra tiene hondo sentido social, y destacó su enseñanza de que “la lucha es el bien más grande que se le ha otorgado al hombre”.
“En virtud de esa enseñanza me comprometo ante el país a luchar para que los nadies, los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado”, sentenció la nueva presidenta.
Nota previa de Página 12 (Argentina)
El trasfondo del año y medio de gobierno del maestro rural.
Por Carlos Noriega
Página 12
Fueron cuatro intentos de la derecha para sacarlo de la presidencia antes que Castillo decidiera dar un golpe contra el Congreso, intentando cerrarlo en una decisión inconstitucional que fracasó.
Empresarios que sindican a Castillo de cobrar sobornos
Los acusadores de Castillo están siendo procesados por corrupción y han canjeado sus testimonios acusatorios contra el presidente por beneficios judiciales. Esta denuncia fiscal dio lugar a que en el Congreso se le abra un juicio político, otro camino para destituirlo, a pesar que la Constitución no permite acusar a un presidente en ejercicio por los delitos que la fiscalía le imputa a Castillo, solo puede ser procesado por traición, cerrar inconstitucionalmente el Congreso o impedir las elecciones. En base a esta denuncia fiscal, la oposición parlamentaria armó un tercer proceso de destitución del mandatario por “incapacidad moral permanente”, que se debía ver este miércoles, pero antes Castillo cerró el Congreso. Había una gran incertidumbre si se alcanzarían los 87 votos para destituirlo.
Acusación absurda
Antes de este tercer pedido de destitución, la oposición parlamentaria le abrió a Castillo otro juicio político, en este caso por traición a la patria. Una acusación absurda, sin fundamento, basada en una declaración periodística del mandatario en la que expresó su simpatía con la demanda de Bolivia de una salida al mar y habló de la posibilidad de un referéndum para consultar a los peruanos si respaldan esa demanda, lo que nunca se llevó a la práctica. A pesar de lo insólito de esta acusación, una comisión parlamentaria la aprobó en primera instancia, pero el Tribunal Constitucional anuló ese proceso señalando que no tenía sustento.
Otra maniobra en el Congreso para sacar a Castillo fue aprobar hace unos días una norma que permite “suspender” al presidente por incapacidad temporal con 66 votos en lugar de los 87 necesarios para la destitución. La Constitución permite una suspensión temporal del presidente, pero referido a problemas de salud u otros que le impidan ejercer temporalmente la presidencia. La derecha pretendía aplicarla alegando las denuncias de corrupción contra Castillo. Era el Plan B de la derecha si no lograban los 87 votos para la destitución por “incapacidad moral permanente”.
En ese contexto de acoso de la derecha, y de serios problemas y debilidades de su gobierno, y denuncias de corrupción en su contra, Castillo apostó por contraatacar anunciando el cierre del Congreso -con lo que cayó en el golpismo que le criticaba a la derecha- pero se quedó solo y ha terminado detenido.