- La destitución de Dilma Rousseff no fue sólo un “golpe parlamentario”.
- En el golpe contra Dilma, “hubo apoyo externo, hubo financiamiento voluminoso”, plantea Adriano Diogo, ex presidente de la Comisión de la Verdad de San Pablo, que investigó los crímenes de la dictadura.
Por Dario Pignotti
A un año del “golpe híbrido” que todavía no concluyó. Este jueves se cumplirá el primer aniversario de la destitución de Dilma Rousseff por parte del Senado en el juicio que la culpó de aumentar, sin autorización del Congreso, los recursos destinados a los pequeños y medios productores rurales. En sus alegatos, algunos senadores le enrostraron a Rousseff haber incurrido en “delitos” como el “populismo”, violar la “ley de responsabilidad fiscal” (que prioriza el pago de la deuda a los fondos para a promoción social) y hasta el financiamiento del puerto de Mariel, en Cuba.
Pero en ningún caso se la acusó de corrupción, siendo que más del 30 por ciento de los miembros de la Cámara Alta, convertida en tribunal ad hoc para el impeachment, están investigados o procesados.
Responsable de llevar a cabo la salida de Rousseff a través del enjuiciamiento que permitió el ascenso de Michel Temer, lo cierto es que el Legislativo no fue el único agente del proceso que algunos han denominado “golpe parlamentario”.
En rigor, esa clasificación sobreestima el papel de los congresistas, que no fueron las piezas más importante del dispositivo montado para destituir a la presidenta reelecta en 2014.
Las “guerras híbridas”
Aunque resta mucho por ser investigado, doce meses después de la caída es posible señalar que en ella se conjuraron parte del Poder Judicial, la parapolítica disimulada en las movilizaciones masivas de repudio a Rousseff, el asedio mediático y la decisión del poder financiero. Se suma la difusa, y probablemente crucial, injerencia de Estados Unidos, que al parecer actuó guiado los manuales de las “guerras híbridas”.
La idea de las “guerras híbridas” surgió a fines de la década pasada en los tanques de pensamiento occidental. Algunos la atribuyen al periodista norteamericano Frank Hoffmann y otros a Nathan Freier, investigador del CSIS (Center for Strategic and International Studies).
Ese arsenal teórico fue utilizado por la OTAN, y luego por analistas interesados en comprender las revueltas de la Primavera Árabe.
La chispa que inició la explosión fueron las movilizaciones espontáneas de la sociedad civil en Túnez, Egipto y otros países árabes, posteriormente desvirtuadas por tácticas desestabilizadoras y acciones armadas con la participaron grupos financiados desde el exterior complementados por campañas desinformativas de impacto global.
En la insurrección conservadora brasileña está ausente el empleo de la violencia directa generalizada, pero hay elementos para plantear que lo ocurrido se emparienta con la Primavera Arabe y desembocó en una suerte de “golpe híbrido”. Lo que ocurrió no fue un mero “golpe parlamentario”.
En todo caso, hablar de un “golpe híbrido” es sólo el intento de dar cuenta de un fenómeno todavía inconcluso y parcialmente desconocido, pues parte de la trama secreta aún no salió a la luz.
El primer antecedente de esta “movilización conservadora” a la brasileña fueron las protestas de 2013, en las que hubo “varias semejanzas con la Primavera Arabe”, planteó Adriano Diogo, ex presidente de la Comisión de la Verdad en San Pablo, dedicada durante años a investigar el golpe de 1964 y las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
“Este golpe contra Dilma tiene una característica completamente diferente del de 1964, aquel estuvo vinculado a la Iglesia católica, éste tuvo una fuerte componente ligada a las iglesias evangélicas (..) estamos hablando de grupos con lazos muy fuertes con iglesias norteamericanas y también con intereses de Israel. Y además hubo la colaboración del exterior para organizar a las clases medias a través de las redes sociales”, observa Diogo durante una entrevista con PáginaI12.
Las movilizaciones de 2013, que surgieron como un reclamo de grupos de izquierda contra el aumento del pasaje, pronto fueron capitalizadas por organizaciones de “ultraderecha” como el Movimiento Brasil Libre y la agrupación Ven a la Calle, que fueron asesorados “por un experto hindú en redes sociales que había trabajado en la Primavera Árabe (..) hubo apoyo externo, hubo financiamiento voluminoso”, sostuvo Diogo.
Y agregó que si bien no se puede afirmar que el gobierno norteamericano dio su apoyo orgánico, hay que tener en cuenta que en 2013 asumió como embajadora en Brasil Liliana Ayalde, quien traía en su foja de antecedentes haber servido en Paraguay donde, según denuncias, colaboró con el golpe de apariencia parlamentaria que derrocó al presidente Fernando Lugo.
La presunta influencia de la embajadora Ayalde en la caída de Dilma le valió su promoción diplomática, ya que de Brasil fue enviada al Comando Sur de Estados Unidos donde actualmente se desempeña como vice jefa del área civil. Un departamento que estaría colaborando en la desestabilización venezolana. Gajes del oficio.
Ayalde fue sucedida por Peter McKinley que trae en su currículum haber trabajado en Afganistán, donde supervisó la intervención norteamericana, y antes de ello en Colombia a donde arribó poco después de la instalación de siete bases de militares que originaron una enérgica reacción del gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva a través del recientemente fallecido asesor internacional Marco Aurelio García.
Lula: EE.UU. metió la cola
Hace un mes el propio Lula, que siempre adoptó un discurso cauteloso, aceptó que Washington no fue ajeno a la desestabilización surgida en las marchas de la Avenida Paulista, la principal de San Pablo, y principal centro financiero de América Latina.
“Creo que había intereses norteamericanos para que Brasil no tuviera éxito. Lo que digo es un pálpito porque no tengo ninguna prueba (..) siempre tuve muchas dudas respecto del movimiento de 2013, eran manifestaciones en las que había muchos intereses en juego y el principal de ellos era sacar al PT del gobierno”.
“Brasil se había convertido en un protagonista internacional”, señaló Lula ante la dirección nacional del PT reunida en Brasilia y mencionó como ejemplos de esa proyección geopolítica, el control del Petrobras, sobre los mega campos descubiertos en 2007, y la construcción de un submarino propulsado a energía nuclear.
Días más tarde el ex presidente cargó contra Donald Trump por haber amenazado atacar militarmente a Venezuela, y propuso recrear la política externa de los gobiernos petistas favorable a la solución negociada entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición.
Lula le achacó a la diplomacia del presidente “golpista” Michel Temer el actuar como brazo auxiliar de la política externa de Washington azuzando las tensiones en Venezuela con lo que esto significa como amenaza para la seguridad regional.
Dentro de tres meses esa regresión geopolítica que representó el golpe se materializará con la llegada de militares norteamericanos para participar en ejercicios en la Amazonia. Otro dato de la herencia del gobierno postdemocrático.
Putin, Erdogan y Moro
El presidente ruso Vladimir Putin y su colega turco Recep Erdogan se comunicaron con Lula y Dilma para advertirles sobre la “primavera árabe” y su réplica en Brasil.
Putin y Erdogan contaron que detrás de las propagandizadas revoluciones democráticas actuaban grupos injerencistas.
Lo concreto es que el gobierno petista fue desbordado por las protestas de 2013 y posteriormente las de 2016 en las que millares de personas exigieron a caída de las autoridades constitucionales a cualquier precio, incluso el retorno de los miliares como lo voceaban no pocos participantes.
En esos actos se mezclaban los insultos misóginos contra Dilma, con los agravios a Lula y la exaltación del juez de primera instancia Sergio Moro, responsable de la causa Lava Jato en la que el ex mandatario fue condenado a nueve años y medio de prisión.
Moro acaso sea la encarnación del ascenso del golpismo y su continuidad.
Sus relaciones con Estados Unidos no se limitan a las frecuentes visitas a aquel país y las señales de aprobación hacia su gestión emitidas desde Washington.
Antes de abrir la causa Lava Jato, que comenzó en marzo de 2014, Moro ya mantenía un vínculo próximo con el Departamento de Justicia norteamericano en la década pasada según reveló el sitio Periodistas Libres.
Y en 2016 habría contado con la colaboración de agencias de inteligencia norteamericanas según comentó el abogado Cristiano Zanin al referir a la invasión de un telefonema entre Lula y Dilma, cuya grabación fue inmediatamente entregada a la cadena Globo.
Según Zanin, abogado de Lula, sólo los servicios de inteligencia norteamericanos cuentan con una tecnología capaz de pinchar una llamada telefónica y divulgarla a los pocos minutos.
