(Redacción de Bayano digital)
Tras una intensa presión de organizaciones campesinas y ambientalistas, el gobierno panameño derogó el lolémico Decreto Ejecutivo 141, que confería certificados de uso de suelos en áreas protegidas.
La decisión, confirmada por el ministro de Ambiente, Milcíades Concepción, había sido anticipada esta semana por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en un diálogo directo con productores agropecuarios y líderes de movimientos sociales en los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón.
El Decreto fue demandado en la Corte Suprema de Justicia, a trav~s de acciones judiciales interpuestos por varios grupos ambientalistas, quienes calificaron esa iniciativa de “exabrupto jurídico” a favor de empresas mineras extranjeras.
Un Comité de Lucha en Colón, opuesto a la minería a cielo abierto, advirtió que la certificación de uso de suelos pondría en peligro el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que abarca 125 divisiones, equivalentes al 33 por ciento de la superficie terrestre y 30,5 por ciento de la superficie marina en Panamá.
Los mencionados certificados serían entregados a quienes habitan en esas áreas antes de ser declaradas “protegidas”, pero el procedimiento fue cuestionado debido a la falta de un censo riguroso y la ausencia de datos oficiales para poder determinar quiénes recibirían la certificación del Estado.
En cambio, organizaciones campesinas exigieron la entrega de títulos de propiedad para amparar a familias asentadas en ese territorio desde hace décadas y que están en riesgo de ser desalojadas por varios consorcios mineros vinculados al expolio y la contaminación ambiental.
