¿Preparativos del funeral del agro?
Por Rolando A. Armuelles Boutet
Economista
Estamos en la fase de resultados de la consistente e insistente Política del Cartel de Importadores de comida, para reemplazar la producción agropecuaria nacional por productos de otras latitudes. Es una lucha que viene desde Belisario Porras contra los ciadinos, como él lo definió. La misma no va orientada a abaratar la comida al panameño, sino a llenar las arcas de Ricamar, S.A. y todas otras empresas importadoras para las cadenas de Supermercados. Tienen representantes en todos los partidos políticos y de los que vienen. Celebraron en grande cuando alrededor de 1998 se define como acciones paralelas la Apertura comercial, Transformación tecnológica y Modernización de los Servicios Agropecuarios.
Primer error, no debieron ser paralelas, sino que la Apertura Comercial fuera la última y con buena distancia. Los negociadores tenían encima la presión de un paquete, que la ignorancia e incapacidad del Gobierno de Endara no pudo, ni supo atender. La presión externa iba destinada a definir y consolidar la inserción de Panamá en el contexto mundial, según su vocación natural: la Logística. Así las cosas, una rama débil por naturaleza e historia, como lo es la Agricultura, se sacrificó.
No sólo se hicieron paralela las acciones que debieron ser diferidas a distintos tiempos, sino que cuando la Apertura, en las importaciones, se concreta en disminución de aranceles, se sabía que el mercado, por el lado de la Demanda, era Monopsónico y Monopólico en buena cantidad de rubros. El MIPPE de inmediato propone la “Ley de Competencia”, la cual es saboteada por el Cartel de importadores de trigo. Así las cosas, la ley queda en risas y la disminución de aranceles consolidada. Se calcula que, en un año del Cartel de importadores, se distribuyeron alrededor de B/. 200 millones y al consumidor le bajaron los precios en un 2%. Esta política se consolida, recrea y amplia con el Gobierno de Martinelli, quien con gran habilidad no hizo cambios de leyes, pero con uno que otro decreto disparó las importaciones de alimentos y fomentó la incertidumbre en el agro. Importaciones que abarrotaban los depósitos de granos cuando venía la cosecha nacional, cayendo los precios, creando agricultores y ganaderos deudores, engrosando las listas de la APC. Esta política no tuvo cambio con el actual Gobierno, pese a contarse con un ministro preocupado por la producción nacional, pero con una correlación de fuerzas desfavorable en el Gabinete, de donde renuncia y delata los manejos de los actores cómplices del Cartel de importadores.
Es muy fácil destruir un sector de la economía, sólo tiene que crear en él, incertidumbre. Seguro, la producción caerá y sus actores pasarán a engrosar las listas de la APC, al no poder enviar a sus hijos a las mejores escuelas y perder sus casas, o a contraer las inversiones. Finalmente, los afectados tendrán que abandonar la actividad. Se puede efectuar un análisis fino y detallado de datos que demuestran el descalabro. No hay espacio para hacerlo.
La solución que presenta el actual Gobierno, próximo a terminar, es de parches inconsistentes y pequeños para la matriz y magnitud de problemas. Pero, además, quiere concentrarse en temas de carne vacuna y leche, cuando el problema no es de cólicos en el estómago, sino de diarrea (asuntos de fondo en la economía).
¿Qué pasa con el desastre de los porcinocultores, de los arroceros, de los palmicultores, cebolleros, paperos?
Muy sencillo, al neutralizar a los que pueden movilizar mayor número de activistas, los demás pueden marearse en reuniones y mesas desgastantes. Por lo tanto, ante la crisis productores, profesionales y académicos han fundado la Federación de Productores, Profesionales del Agro de Panamá (FEPPAP). Para elaborar una propuesta de Política de Estado incluyente, sostenible y participativa, que tendrá como referencia conceptual una Ley Marco, ya aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional como Proyecto 628 y que será aprobada por insistencia, dado el veto a dos artículos presentado por el Ejecutivo. El sábado 11 de agosto se efectuó un taller para desarrollar políticas en siete ejes estratégicos que serán presentados a todos los candidatos presidenciables.
Panamá tiene alrededor de 450.000 hectáreas mecanizables. Dispone de profesionales subutilizados, receptivos a la adopción de nuevas tecnologías, con tareas destruidas en la transformación tecnológica y modernización de los servicios públicos agropecuarios, lo cual es imperioso retomar. Hay pequeños, medianos y grandes empresarios que con un nuevo marco de estímulos responderán no sólo al autoabastecimiento, sino a retomar e impulsar a otro nivel las exportaciones. Con no menos de 250.000 agricultores familiares llamados a jugar un rol en la política de autoabastecimiento, sino también a alianzas con los exportadores. Sólo falta poner en su sitio al Cartel de importadores y hacer mucho benchmarking (proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos) en la importación de tecnología. No conviene desaparecer el IMA como salida aislada, o llenar el país de productores holandeses o americanos por sus grandes éxitos en sus exportaciones. Hay otras vías panameñas. La inclusión en el agro es otro gran tema.
