(Redacción de Bayano digital)
El empresario Abdul Waked, quien fue incluido sin pruebas en la Lista Clinton, lanzó una arremetida legal contra el Estado panameño, al que demandó por ser parte de procesos que causaron lesiones al grupo de empresas de su familia.
Waked presentó una demanda contencioso administrativa en la que exige la condena del estatal Banco Nacional de Panamá (BNP), para que se le ordene a pagar 1.268 millones en indemnización por “daños y perjuicios, más intereses”, debido a que la entidad bancaria actuó como fiduciaria en dos procesos relacionados con empresas en Panamá.
La posición del empresario se fundamenta en que el BNP intervino contra el grupo Waked, quien previamente había sido incluido en la Lista Clinton, una lista negra de compañías y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico y “lavado de activos” en el mundo.
Esa lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre de 1995, por la Orden Ejecutiva 12978, emitida por el presidente Bill Clinton, en la guerra contra las drogas
Sin embargo, Waked demostró que no estaba vinculado a tales actividades y ahora se prepara para dar una nueva batalla legal en los tribunales. Para ello, designó como su abogado a Arturo Hoyos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Hoyos adujo que su cliente fue perjudicado por el BNP, debido a “la infracción en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas”. El BNP actuó como fiduciario en dos fideicomisos a los que Waked traspasó dos de sus negocios: la cadena de tiendas; Felix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall.
Ello equivale a decir que intereses económicos se coaligaron para tratar de hacer leña del árbol al que consideraban caído, con el objetivo de sacar ventaja en forma alevosa de esos negocios.
En julio de 2017, la Sala Tercera no admitió una demanda de indemnización por $165 millones, presentada por la firma M.P. Vásquez y Asociados, en representación de Waked, contra el Estado panameño. No obstante Hoyos, asegura tener un sólido caso entre manos, en procura de justicia y contra el despojo.
La polémica transacción fue efectuada en junio de 2016 con el propósito de salvar las empresas y las plazas de trabajo del grupo Waked. Pero, en noviembre de 2016, en su calidad de fiduciario, el banco concretó con Grupo Arrocha de Panamá la compra de la totalidad de las acciones de Félix B. Maduro.
El BNP considera que no hubo nada ilícito en esa transacción, cuyo expediente fue examinado por el magistrado Abel Zamorano, en medio de demandas de Justicia y presiones de agentes de Washington que, incluso, pusieron en riesgo al diario La Estrella de Panamá y causaron la pérdida de empleos.
