Por Alberto Velásquez
Periodista
Cuando el histórico corredor de bolsas, el francés Bunau Varilla, suscribió el primer tratado sobre el Canal, las condiciones políticas en Panamá estaban imberbes. No se habían consolidado los fundamentos de nuestra independencia de Colombia.
Todos conocen la trayectoria de ese mamotreto contractual que, felizmente, después de más de cien años culminó en la firma de los Tratados “Torrijos-Carter”.
Sin embargo, desconociendo las luchas generacionales para lograr un solo territorio y una sola bandera, el gobierno del presidente Varela ha suscrito un nuevo mamotreto jurídico, que supera con creces la nefasta usurpación de derechos soberanos, ocurrida hace más de un siglo. Ejemplo de ello es la entrega de las cabezas de más de 2.000 familias productoras de Barú a una multinacional que se atreve a calificar a sus trabajadores de “invasores”, con tal de despojarlos de sus tierras para transferirlas a la empresa Del Monte Fresh Produce Panamá.
Con el espejismo de que dicha empresa invertirá 100 millones de dólares y que producirá más de 3.000 empleos, el presidente Varela promete la reactivación de la producción y exportación de banano desde el distrito de Barú, pisoteando los derechos de familias que desde el colapso de COSEMUPAR y otras organizaciones locales ha colocado a la región como la más paupérrima del país, con un promedio de 60 por ciento de desocupados.
Aprovechándose de la angustia y pobreza de los baruenses, y deslumbrado por la cuantiosa inversión, el residente Varela firma un contrato ley, mediante el cual productores con título de propiedad estarán obligados a ceder sus tierras a cambio de un arrendamiento mezquino, no negociado, por un período de 40 años, prorrogables, casi a perpetuidad como el tratado de 1903.
El desconocimiento de las implicaciones financieras del negocio del banano, que tiene como amenazas problemas característicos de los enclaves bananeros, como son la expulsión de los productores de las tierras que ocupan, los riesgos a la salud humana y daños al medioambiente, sin haber un claro estudio de impacto ambiental y, además, sin que se sepa claramente cuáles serían los ingresos económicos para la nación. Ese proyecto amerita una profunda mirada de atención.
El contrato está siendo demandado por inconstitucional. Está plagado de numerosos vicios e inequidades para los productores, catalogado como un agronegocio de funestas consecuencias, por el declarado avasallamiento a los productores, como el caso del monopolio del agua por parte de la multinacional. Además, sobresale el hecho de que no se podrían hacer cambios al acuerdo y que un arbitraje sólo puede solucionarse bajo la jurisdicción norteamericana, no tiene otro calificativo que traición a la patria.
El banano es quizás la fruta más barata del mundo. Pero es una de las más vulnerables a plagas y enfermedades, con efectos letales a quienes la producen. No se conocen planes de manejo de este agronegocio y por el hecho de ser impulsado por un presidente ilusionista, estamos a las puertas de un negociado a espaldas del pueblo panameño. Sin duda, ello renovará demandas que ya han hecho historia en Panamá, con luto y miseria, repitiendo la ofensa de comerciantes y gobernantes inescrupulosos en contra de las necesidades de los hombres y mujeres del campo.
