Por Masiel Fernández Bolaños
Bogotá, (Prensa Latina) La polémica continúa en Colombia en medio de debates sobre el empleo del glifosato en fumigaciones de cultivos de uso ilícito, lo cual el Gobierno quiere reanudar pese al daño humano y ambiental.
El reciente fallo emitido por la Corte Constitucional no cerró la puerta al cuestionado herbicida.
La Sala Plena del alto tribunal mantuvo en firme la suspensión de asperjar desde al aire con el mencionado producto y reiteró la competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes para decidir sobre la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato.
En tal sentido, mantuvo las condiciones que ordenó la Sentencia T-236 de 2017 en la que se indicó comprobar que el uso del glifosato en la aspersión aérea no causa daños a la salud y al medio ambiente.
Para la Corte esto no equivale a demostrar que no existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño y tampoco a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto.
El alto tribunal pidió al Consejo Nacional de Estupefacientes que realice la consulta ‘a la mayor brevedad’ en los territorios étnicos, previo a retomar la aspersión. También solicitó el acompañamiento de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para que supervisen el cumplimiento de este procedimiento.
La fumigación con glifosato como estrategia defendida por el Gobierno frente a la extendida área de plantaciones de coca, es cuestionada en Colombia por los daños al medio ambiente y a la alimentación de las familias indígenas y afrodescendientes.
Desde los departamentos del Chocó y Nariño, en la región del Pacífico colombiano y donde radican grandes plantaciones de coca, representantes de las comunidades cocaleras e indígenas rechazan esa modalidad de erradicación de los cultivos ilícitos e instan a priorizar la sustitución voluntaria de los sembradíos, tal como contempla el Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado y la ex guerrilla FARC-EP.
Especialistas en la materia alertan que el glifosato ocasiona enfermedades de diferente tipo en los seres humanos y destruye la naturaleza.
El combate y el aumento de los cultivos de coca
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), adscrita a la ONU, alertó en el primer semestre del año sobre el aumento de cultivos de hoja de coca y producción de cocaína en Colombia.
En su informe anual, divulgado en esta capital, la JIFE señaló que desde 2013 se han expandido los sembradíos ilícitos de modo alarmante, de unas 48.000 hectáreas ese año hasta más de 170.000 actualmente.
Ese incremento se percibe con fuerza en los departamentos de Antioquia, Cauca y Putumayo, en la región del Pacífico colombiano y en Norte de Santander, en el nordeste del país sudamericano.
El texto de Naciones Unidas indicó que la producción de cocaína también creció en Colombia, de 1.053 toneladas en 2016 a 1.379 en 2017.
Acotó la JIFE que Estados Unidos y Europa son los dos principales mercados de la cocaína colombiana.
La administración del presidente Iván Duque insiste en reanudar la aspersión con glifosato, al considerarlo una vía efectiva en la erradicación de las plantaciones de coca, estimadas en más de 170.000 hectáreas en todo el país.
El Gobierno Nacional de Colombia ha subrayado que es su propósito desarticular las redes de suministro de estupefacientes.
En cuanto a la disminución de la extensa área de plantaciones de coca ha sido cuestionado por apostarle más a la erradicación forzosa y a la dañina fumigación con glifosato que a la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, reflejada en el acuerdo de paz.
Obispos católicos de la frontera colombo-ecuatoriana manifestaron recientemente su rechazo al regreso de las aspersiones con glifosato anunciado por el Gobierno para combatir la expansión de cultivos de coca.
“Rechazamos frontalmente la decisión ya anunciada por parte del Gobierno de Colombia de reanudar las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato, dadas las consecuencias negativas para la vida humana y el medio ambiente”, afirmaron prelados de localidades fronterizas de los dos países.
Subrayaron los líderes religiosos que la presencia de sembradíos de coca “en muchos casos, es consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones”.
Consideraron por ello que el Ejecutivo debe explorar “mecanismos complementarios que den una respuesta más integral sobre esta problemática, que afecta a nuestros pueblos”.
